La reforma judicial impulsada por López, además de ser un gran desacierto para nuestro país y su imagen en el exterior, en nada mejorará la impartición de justicia tal y como se anuncia. Es claro que solo es una enorme y descomunal venganza contra el único poder que nunca pudo controlar el presidente, donde primero intentó prorrogar la presidencia de Arturo Zaldívar, con la excusa de que este personaje, convertido en tapete presidencial, era el único capaz de transformar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ignorando el texto constitucional. Y al no lograrlo, intentó que la presidencia recayera en esa ministra conocida como la “copy-paste” por su inclinación a plagiar tesis de licenciatura y posgrado, aunque la UNAM no tenga el valor de anular su título profesional inhabilitándola a continuar como ministro de la corte, por lo que al final se impuso como presidenta la, esa sí, MINISTRA Norma Lucia Piña Hernández, desatando el odio palaciego.
Pero después de “doblar”, como ahora se dice frecuentemente, a empresarios, medios de comunicación, opositores, etcétera, con la única persona que topó con pared fue con Norma Piña, quien además de ser alguien formada en la carrera judicial y de amplia solvencia moral, no se rindió ante el presidente, ya que ella preside uno de los tres poderes de la Unión, y por ello no tiene que rendirle cuentas a López, ni a los diputados y senadores.
Luego vino el episodio de la reforma eléctrica, declarada inconstitucional por su pésima redacción y ser descaradamente contraria al texto de nuestra carta magna, pero de ahí se agarró MALO afirmando que el voto de la SCJN había sido por defender, como lo ha venido afirmando, a empresas extranjeras. Luego declararon inconstitucional el deseo de aplicar la prisión preventiva oficiosa a ´presuntos defraudadores fiscales dándoles un trato similar al de cualquier terrorista. De ahí viene el gran odio y ahora venganza contra un personaje que desde que tomo posesión de su cargo solo ha sufrido ataques del presidente y sus seguidores, y esto, solo por hacer bien su trabajo, que se puede reducir en algo muy sencillo: tutelar el texto constitucional.
En realidad, donde vemos mayor problema en la impartición de justicia no es ni en la SCJN, ya sea en el Pleno, en sus dos Salas o en los tribunales colegiados o juzgados de distrito. Donde más le duele al común de los ciudadanos es la falta de justicia en la materia penal, donde se deja impune delitos como el homicidio, desapariciones secuestro, extorsión, robo, y ahí en la gran mayoría de los casos, la responsabilidad es por el pésimo desempeño de las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, quienes tienen nulo desempeño en su función primordial de investigación y persecución de delitos y derivado de esto, el ejercicio de la acción penal, todo dentro del marco legal y con pleno respeto de los derechos humanos tanto de las victimas como de los imputados. Tan es pésimo su resultado que muchísimas gentes cuando son víctimas de un delito optan por no denunciarlo, considerando que solo es una perdida de tiempo el acudir a estas instancias, estimándose que más del 90% de los delitos nunca son denunciados y de los denunciados el Ministerio Público solo logra judicializar el 4.3% de esas averiguaciones a nivel nacional.
Es impresionante que los delitos de homicidio y feminicidio tengan tasas de impunidad de casi el 100%. Y todo esto es responsabilidad del ejecutivo federal y de los gobernadores de los estados respectivamente.
Por ello podemos afirmar que la venganza disfrazada de inútil reforma judicial que propone López en forma alguna va a mejorar la impartición de justicia como lo anuncian reiteradamente, esto al no contener ningún planteamiento que mejore la actuación de las fiscalías, ya que además de lo ya señalado, del bajo numero de carpetas de investigación que logran llegar con los jueces, muchas de ellas tienen tales deficiencias que los jueces penales se ven en la obligación de liberar a los indiciados.
No dudo que exista corrupción en algunos jueces federales pero no es la regla, donde sí tenemos problemas graves en muchos estados de la República, con jueces y magistrados locales, que ya sea por corruptos o por incapaces acaban en muchos casos con la impartición de justicia. Solo como ejemplo, aquí en Jalisco hay un magistrado que $confunde$ conceptos que debió estudiar en los primeros semestres de la carrera y eso que se dice doctor, notario y debe ser también docto en ciencias ocultas. Otra, ejemplo igual, una juez mercantil que resuelve casos de contratos de servicios profesionales del ámbito civil y los trata como mercantiles y les da cabida en su juzgado. ¿Corrupción o incapacidad? De muchos otros magistrados y jueces podemos meter sin lugar a dudas las manos al fuego por ellos.
Una verdadera reforma legal debe iniciar en corregir la incapacidad de las policías municipales y fiscalías federal y estatal, y así lograr reducir esa alarmante impunidad y en las materias civil y mercantil resolver nuestras diferencias mediante Medios Alternos de Solución de Controversias tales como la Mediación y sin lugar a dudas el Arbitraje, evitando con esto la intervención de jueces estatales.
