Dice el presidente López que la detención de cuatro hijos del Chapo Guzmán (Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López) es un asunto de México y que no va a permitir la incursión de agentes de la DEA en territorio nacional con ese objetivo. Lo anterior a raíz de que el país vecino ofreciera una recompensa de 5 millones de dólares por información relevante que lleve a la detención y condena de cada uno de estos.
Ahora López reconoce que gracias a las drogas enviadas a los Estados Unidos han perdido la vida más de 100 mil estadounidenses. Sin embargo, nunca ha podido justificar válidamente por qué soltó a Ovidio Guzmán en aquel fallido operativo del 17 octubre de 2019, cuando primero dijo no saber nada y luego trató de asumir la responsabilidad de aquella pifia, y luego acabó saludando a la abuela en los tacos. Acabó diciendo que se realizó muy mal la detención, que los malos se atrincheraron con armas de grueso calibre y para evitar ese enfrentamiento se decidió detener el operativo.
¿Cuántas de esas 100 mil muertes, más las miles más en México se hubieran podido evitar si el Presidente, Ejército y Guardia Nacional hubieran cumplido su obligación constitucional y lo hubieran puesto a disposición de un juez de control?
Ya vimos que el primo, Aureliano Guzmán, arma una balacera en un bar de Culiacán y lo dejan ir para “cuidar a los civiles que estaban en la zona”. Sin embargo, el tema es más difícil como país, ya que el presidente Joe Biden designó a El Mayo Zambada, El Mencho, a esos hijos del Chapo y a los líderes de los cárteles de Los Beltrán Leyva y Los Zetas, Los Rojos, Guerreros Unidos como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y por ello autoriza acciones operativas, de sanción e investigación por parte del Pentágono, Departamento del Tesoro, Justicia, Estado y seguridad interior, esto faculta no solo a la DEA sino hasta al mismo ejército americano para actuar.
Lamentablemente, nuestro presidente en más de tres años de gobierno ha demostrado no tener el más mínimo interés en capturar a dichos delincuentes, y tan es así que nunca hemos visto en realidad ningún gran operativo tendiente a su detención y en su caso extradición al país vecino. López sigue con su cantaleta de “abrazos no balazos” y argumentando que está atacando al narcotráfico abordando las causas sociales que le dan origen, y por ello los últimos días trae pleito casado contra los videojuegos, llegando al extremo de afirmar que los va a regular, lo que denota un claro desconocimiento de cómo funcionan las consolas y el software de juegos, el cual por cierto se puede “descargar” del internet, lo que torna imposible controlarlo y si se impide la importación y venta de cartuchos solo provocará un mayor contrabando de estos.
Si el Presidente piensa que es su responsabilidad la detención, pues que actúe y los detenga, y con eso acalle a los que piensan que estos narcos de Sinaloa están protegidos desde la presidencia de la república. De lo contrario no nos extrañe que de pronto, sin darnos cuenta, vengan por ellos y sin dejar que su mamá los regañe, los saquen del país poniendo en riesgo a todos los funcionarios que los protegen.
Héctor Romero
