A las pocas semanas de iniciada la lucha contra el narcotráfico en 2006, al gobierno de Felipe Calderón le era muy claro que no se trataba únicamente de un asunto de capturar a los líderes de las organizaciones y desmantelar sus estructuras criminales. No era solo un asunto de policías contra ladrones. El problema era mucho más profundo. Cuatro fenómenos explican esa complejidad.
Primero, el crimen organizado se había expandido territorialmente y diversificado del narcotráfico a la extracción de rentas sociales (secuestro y extorsión) y a otros mercados ilegales (hidrocarburos, tráfico de migrantes, narcomenudeo).
Segundo, la diversificación criminal y su despliegue geográfico implicó crear enormes grupos paramilitares que les permitieran conquistar territorios ajenos y defenderse de ataques de otras organizaciones. El Golfo creó a Los Zetas; Juárez a La Línea; Sinaloa a Gente Nueva. Se trató de un proceso generalizado de militarización, el cual generalizó el uso de la violencia con fines de atemorizar a los rivales y a la sociedad.
El tercer fenómeno se refiere a la captura y reconfiguración de instituciones estatales, lo cual va más allá de la corrupción tradicional de las policías: se refiere, por un lado, al control de funcionarios de gobiernos de los tres órdenes de gobierno, de legisladores, jueces etcétera. Es decir, a la construcción de redes políticas que trabajan por la legitimación de las organizaciones criminales y de sus actividades. A tratar de normalizarlas. La idea última es crear un Estado mafioso que suplante al estado de derecho.
El cuarto fenómeno es la legitimación social del crimen, producto de la ampliación de su base social integrada por sus colaboradores y beneficiarios (desde narcomenudistas, consumidores de drogas, lavadores de dinero, hasta curas que reciben narcolimosnas) sean voluntarios o involuntarios. Al crimen organizado le es vital una relación positiva con las comunidades donde opera, ya que el silencio, la complicidad y/o la colaboración de los ciudadanos con sus organizaciones y actividades —producto del miedo o de la conveniencia— les facilita crecer y operar impunemente.
Mientras las estrategias para los dos primeros fenómenos son relativamente obvias, para revertir los últimos dos (proceso de legitimación política y social del crimen organizado mediante la captura de instituciones y el apoyo ciudadano) el Estado tiene que mandar un mensaje con acciones claras y contundentes que va a recuperar todos los espacios del Estado que le han sido arrebatados (comenzando por el territorio, y luego las alcaldías, las policías, etcétera), pues de lo contrario muchos ciudadanos van a reforzar su creencia de que la mejor y única manera de sobrevivir es alinearse con los criminales.
La gravedad de los sucesos de Culiacán es que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos mandó los dos mensajes equivocados: que los narcos pueden seguir construyendo su Estado mafioso en Sinaloa (y de paso al resto de las organizaciones criminales del país) y, por tanto, que no nos va a proteger, aunque asegure que lo hizo para evitar una masacre. Nos dejó indefensos, lo cual es una invitación a ponerse de su lado. Los ciudadanos toman partido por los criminales cuando ven que el Estado no los combate o es incapaz de defenderlos. Se alinean con quien perciben que mandan. No son suicidas. Así de sencillo, así de irresponsable, así de grave.
