La acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es un episodio más en la larga lista de señalamientos contra autoridades locales: es un punto de quiebre que obliga al Estado mexicano a tomar una decisión de fondo.
El señalamiento —que lo vincula con una presunta alianza con Los Chapitos y que lo coloca en la órbita de la Corte del Distrito Sur de Nueva York— abre un dilema de alto calibre político y de seguridad nacional. No hay margen para simulaciones.
Si Rocha Moya enfrenta las acusaciones ante la justicia estadunidense, el mensaje sería potente: cooperación bilateral efectiva, combate real al crimen trasnacional y una señal de que nadie está por encima de la ley. Ganarían México y Estados Unidos. Ganaría, sobre todo, la credibilidad institucional. Por el bien de todos.
Pero si su permanencia —aunque sea en pausa— se traduce en protección política o dilación, el saldo es inverso: sería una victoria para el narcotráfico, la corrupción y la impunidad. Un recordatorio brutal de que, sin seguridad, transparencia ni rendición de cuentas, quienes terminan perdiendo son los mexicanos.
La solicitud de licencia temporal es un movimiento necesario, pero tardío. Rocha ya era un lastre político para la llamada cuarta transformación. Su defensa resultaba —y resulta— insostenible. El costo de haber prolongado su permanencia es evidente: desgaste, ruido y un flanco abierto en uno de los temas más sensibles del país.
Aquí conviene hacer una distinción estratégica. El caso Rocha no puede ni debe contaminar el balance general de la administración de Claudia Sheinbaum, que ha mostrado avances medibles en materia de seguridad, con detenciones relevantes y una coordinación operativa más eficaz, en la que ha sido clave el trabajo del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El reto es mayor: depurar sin titubeos, cooperar sin ceder soberanía y actuar con precisión quirúrgica frente a las presiones externas. Porque en este tipo de casos, no solo se juega el destino de un gobernador, va de por medio la capacidad del Estado mexicano para demostrar que puede enfrentar al crimen sin perder el control de sus instituciones.
Palabras clave
La decisión que se tome marcará un precedente. Y en seguridad nacional, los precedentes no se administran: se pagan.
