El martes en la noche me apareció un tweet dentro de mi timeline que me llamó la atención sobremanera. En él, citaba un estudio del ITESO donde –decía el post– “vivir en Zapopan es tan caro como vivir en Nuevayol”.
Falso. No existe en el Área Metropolitana de Guadalajara propiedades tan caras y con la conformación de metros cuadrados como los que existen en la gran manzana. Tan sólo los departamentos que se encuentran en la calle 57 –la afamada millionaires row– disparan el promedio por los precios de 1,200 millones de pesos por un departamento de mediano tamaño.
El emisor adujo que era una “broma” la aceptación. No lo era el extracto del estudio, en donde hablaba con escándalo de los precios de compra de casas en Ayamonte, con cantidades que llegan a los 55 millones o las rentas en Lomas del Valle, con un periodo superior a los 93 mil pesos mensuales que sería “la segunda más alta” del país.
Permítanme diferir.
Es entendible que datos públicos arrojen este tipo de cifras en ciudades como Monterrey o la capital del país, pero el estudio pierde de vista el mercado secundario a partir de cuestiones de seguridad.
Desde hace décadas, la capital tiene un mercado no público donde se ofertan en renta o venta casas, terrenos y departamentos para empresarios, ejecutivos, embajadores y artistas a precios muchos más elevados de los expuestos en el estudio. Una casa en La Herradura, Lomas Altas, Santa Fe, Bosques o Pedregal pueden superar con facilidad las cifras que se reportan. La razón es sencilla: las propiedades garantizan privacidad y seguridad en una zona en conflicto y donde aun existe la extorsión y el secuestro. Desde principios de siglo (con la explosión de raptos en el entonces Distrito Federal) diversos agentes de bienes raíces optaron por crear redes donde no sólo los inquilinos sintieran confianza para ofertar, sino que los arrendadores no corrieran riesgos al poner en el mercado su propiedad y, en respuesta, llegaran miembros del crimen organizado a secuestrar al dueño o familiares con la seguridad de que la propiedad cubriera, con su venta, el rescate.
A eso agreguen el mercado negro en donde se insiste en saltarse los estándares fiscales nacionales y las rentas y ventas se dan en dólares con pagos en otros instrumentos o en otras latitudes. Obvio, estas transacciones no son en propiedades de 55 millones de pesos (menos de 3 millones de dólares) sino mucho, mucho más caras.
Si las rentas fueran equiparables, alguien que vive en Puerta de Hierro podría cambiarse sin problemas a Carpatos y Explanada en CDMX. Eso no es posible.
No se trata de debatir el estudio. El esfuerzo del ITESO para proyectar la situación inmobiliaria tapatía es aplaudible.
Pero vale la pena el matiz, más aun en una época en donde las cifras se manipulan y tergiversan con un objetivo electoral claro.
Entiendo el disgusto cuando algunos piensan que se pide rigor y se piensa que la reflexión tiene el interés de lavar la cara de alguien, pero la realidad es otra.
Combatir la especulación inmobiliaria existente en el AMG debe de tener herramientas poderosas y útiles, con los escudos necesarios para no entrar en una dinámica que no busca el entendimiento social sino el golpeteo político.
Dicho de otra forma, la discusión de vivienda en Jalisco debe alejarse de quienes han rentado su pluma en trayecto al 2027.
