Si Gil no se equivoca, el gobierno mexicano se encuentra en uno de los mayores conflictos políticos de que guarde noticia, en muchas décadas, la política interior y exterior. Una nube negra y un hueso duro de roer.
Decíamos ayer que si México, la Presidenta para más señas, le exigiera a Estados Unidos evidencias de actos de corrupción de los políticos de Morena, eso sería una tremenda audacia. Y como una centella, la presidenta Sheinbaum pidió pruebas de esos señalamientos y reclamó a Estados Unidos por no hacer lo correspondiente con su propia corrupción: “La lucha contra la corrupción le corresponde evidentemente al gobierno de México […] igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de sus funcionarios. El tener gobiernos honestos, que no haya corrupción, es algo que le corresponde a cada Estado”, dijo la Presidenta, “nosotros no vamos a encubrir a nadie que tenga pruebas de corrupción. Y también, en Estados Unidos, tienen que revisar casos”.
Apenas había cometido estas declaraciones la Presidenta cuando se le vino el mundo encima. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, todos de Morena, incluyendo al senador Inzunza, casi seguro candidato de Morena al nuevo gobierno del estado, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
El brazo en alto, un campeón
La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Por cierto, el mismo lugar en el cual enjuiciaron y condenaron a Genaro García Luna, mal de todos los males según el expresidente Liópez. Uno supondría que Morena y los suyos estarían de acuerdo con las sentencias del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Gil no puede dejar de pensar en la cantidad de veces que Liópez y la entonces candidata electa levantaron el brazo del sospechoso gobernador de Sinaloa, como un campeón. La misma Presidenta regresó al estado y volvió a alzarle el brazo al campeón.
A los diez funcionarios señalados se les acusa de “haberse asociado con el cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos (…) El cártel de Sinaloa no sólo trafica con drogas letales, sino que es una organización designada como terrorista que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios”, afirmó Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), en el documento en el que se anunció la acusación que, dijo, “pone al descubierto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadunidenses (…) Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”.
Reacciones
A estas horas, la Presidenta habrá reaccionado. Hay, según Gamés, de tres sopas: 1) La Presidenta defiende (o defendió) a Rocha Moya, se desgarra las vestiduras, apela a la soberanía e inventa una campaña internacional impulsada por los conservadores mexicanos contra la cuatroté. 2) La Presidenta dice (o dijo) que se investigará con la pruebas de la Fiscalía porque nuestros corruptos son nuestros y nadie nos los toca. 3.) La Presidenta dice (o dijo) que la colaboración con Estados Unidos no es de subordinación, así que se investigará a fondo, pero sin injerencia del más allá.
El fiscal Jay Clayton dijo que el cártel de Sinaloa y otros cárteles no podrían operar “tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades corruptas en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios en el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”.
De acuerdo con la acusación, los señalados han participado “en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos y han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel”.
Según la justicia estadunidense, Rocha Moya prometió a Los Chapitos “protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y, como gobernador, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.
Todo es muy raro, caracho, como diría el viejo refrán: “La mentira tiene patas cortas”.
Gil s’en va
