Al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR fue informado que existían numerosos y diferentes expedientes resguardados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), institución de inteligencia civil al servicio del gobierno de México.
En este contexto, y animado por manifestar su voluntad de transparencia política, días atrás, emitió un decreto para abrir los “archivos secretos” del Cisen.
En ese momento, adelantó que las personas interesadas en consultar los documentos podrán hacerlo a partir de esta semana.
Los detalles de este acuerdo incluyen el envío de información de dependencias federales al Archivo General de la Nación de 1985 en adelante.
Se toma en cuenta esta fecha porque el acuerdo anterior de apertura de los expedientes, firmado durante la administración de Vicente Fox, incluía archivos hasta dicho año.
El subsecretario de Gobernación, ZOÉ ROBLEDO, señaló que se deberá compartir información relacionada con violaciones a los derechos humanos, persecuciones por causas políticas y sociales y, por primera vez, se incluirán expedientes sobre actos de corrupción.
Sin embargo, los registros “secretos' del CISEN incluyen algunas consideraciones:
De 1920 a 1948 habrá una apertura total de los expedientes.
De 1948 a 1988 se reservarán una serie de datos sensibles por tener menos de 70 años de antigüedad.
Entre esta información se encuentra: preferencias ideológicas, estados de salud, origen étnico y racial, características físicas, como ADN y huellas digitales, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, así como preferencias sexuales.
De 1988 a 2019 se aplazará otro paquete de información por tener menos de 30 años: edad, domicilio, números de teléfono o celular, correo electrónico, trayectoria académica, patrimonio y número de seguridad social.
De 1990 a 2019 habrá otra lista de datos que ya se encuentra sujeta a la legislación en materia de transparencia.
Esas referencias serán confidenciales por un periodo de 5 a 12 años por causas como derecho a la privacidad, protección a los derechos humanos, procesos seguidos en forma de juicio y causas que puedan dañar a terceros.
Conforme al decreto se tienen 28 días para dar a conocer los lineamientos para la entrega de la información y 180 días para que las autoridades federales se coordinen con todas las instituciones públicas para implementar el procedimiento para la transferencia de los documentos.
