El plebiscito y el referéndum, esas herramientas de la democracia directa que prometieron empoderar a la ciudadanía, han sido en Jalisco más una ilusión jurídica que una vía real de decisión pública. A pesar de estar legisladas desde 1998, las cifras muestran una cruda realidad, pues de decenas de mecanismos promovidos en más de dos décadas, apenas un puñado han sido procedentes.
La coyuntura actual, marcada por el malestar respecto del incremento en la tarifa del transporte público y al uso obligatorio de la tarjeta bancaria para acceder a subsidios, ha detonado un fenómeno inusual. En menos de dos semanas, los ciudadanos han superado con amplitud los umbrales legales para solicitar un plebiscito. Sin embargo, el entusiasmo ciudadano contrasta con una estructura institucional lenta, turbia y deliberadamente ambigua. Ni el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ni el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, ni el Instituto Nacional Electoral (encargado de validar las firmas) tienen plazos definidos para resolver la procedencia de estas solicitudes. Una omisión legislativa que no es casual, pues es funcional al poder. La falta de tiempos claros para resolver convierte el derecho en una espera, y la espera en desgaste para quienes lo promueven.
El antecedente no es alentador. En 2008, la Federación de Estudiantes Universitarios promovió un referéndum contra el alza en el transporte. Fue desestimado por no cumplir con los tiempos, a pesar de que el tribunal administrativo concedió prórrogas. En 2019, dos solicitudes de consulta popular tampoco prosperaron porque el Consejo de Participación no estaba formalmente instalado. Desde la reforma de 2016 hasta 2019, se promovieron 46 mecanismos y solo diez procedieron. A partir de 2019, hasta marzo de 2025, se promovieron quince más. Ninguno avanzó.
Este patrón revela un diseño institucional que desactiva la participación en lugar de alentarla. Se abren ventanas legales que no conducen a ninguna parte. Las reglas se activan, pero la consulta no inicia. Lo que en el papel parece una democracia directa, en la práctica es una arquitectura de simulación participativa. Otra más en Jalisco.
Pero lo más preocupante no es la parálisis institucional. Es el discurso oficial que acompaña la omisión, con gente que presta su nombre para seguir simulando, desde la ‘sociedad civil’. El gobierno desestimó los argumentos y los calificó de “incongruencia política” y atribuyó la consulta a “envidia” de sus opositores. En lugar de celebrar la activación democrática de la sociedad, optó por reducirla a una estrategia partidista. Un reflejo de cómo las élites en el poder tienden a deslegitimar cualquier expresión que cuestione sus decisiones.
Mientras tanto, los argumentos técnicos sobre la tarjeta y la tarifa se desmoronan. El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte ha señalado que la encuesta usada para justificar el alza tarifaria es deficiente en su diseño y omite las condiciones más críticas del servicio. A eso se suma la opacidad del contrato con la empresa Broxel, la falta de rendición de cuentas sobre los cobros de las máquinas de acceso y la insuficiencia de tarjetas emitidas en relación con la población objetivo. No se trata de opiniones. Se trata de fallas bien documentadas.
El riesgo es evidente. Si las instituciones no responden con eficacia, independencia y prontitud, la ciudadanía dejará de creer en los cauces legales de la democracia directa. Y cuando eso ocurre, lo que sigue no es la resignación, sino la radicalización o el repliegue. Ambas son malas noticias para una democracia que ya carga con altos niveles de desafección.
Jalisco tiene hoy la oportunidad de demostrar que su arquitectura participativa no es solo una vitrina. Que los derechos pueden ejercerse sin obstáculos, sin trampas y sin burlas. Lo contrario sería confirmar que, en esta entidad, la democracia directa es letra muerta, útil solo para adornar discursos, pero incapaz de consultar una decisión tomada desde la cúpula. Lo que se debate no es solo el transporte o la tarjeta. Es la utilidad misma del derecho a participar. Y cuando ese derecho se niega o se retrasa, la democracia entra en pausa. Una pausa que, si se prolonga, se convertirse, también, en silencio autoritario.
