El programa de verificación vehicular en Jalisco ha sido promovido como una herramienta para combatir la contaminación, pero la distancia entre el discurso y los hechos es insalvable. Más que una política ambiental, opera como un modelo recaudatorio disfrazado de compromiso ecológico. El aire sigue siendo de mala calidad, los datos no respaldan mejoras y los recursos públicos se canalizan de forma cuestionable.
La base técnica del programa es frágil. Las estaciones de monitoreo ambiental no miden la mayoría de los contaminantes que el programa busca controlar. Solo coinciden en el monóxido de carbono. No se registran de forma sistemática los niveles de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos o dióxido de carbono, que son claves para evaluar el impacto del parque vehicular. Sin esta conexión entre lo que se regula y lo que se mide, cualquier afirmación sobre su efectividad, no es más que una conjetura. Ni el índice IMECA ni la información disponible permiten saber si los autos verificados han hecho una diferencia.
Mientras tanto, el programa se sostiene con recursos millonarios que no se reflejan en beneficios colectivos. De cada verificación, apenas una pequeña fracción termina en el Fondo Verde. El resto se distribuye entre operadores y la empresa proveedora de la tecnología, que puede recibir más dinero si bajan las metas. De 2020 a 2023, más del setenta por ciento de lo recaudado fue para ellos. Solo el uno punto seis por ciento se usó en proyectos ambientales. Lo demás, simplemente no se ha ejercido o permanece sin destino claro.
Además, el contrato firmado con la empresa es prácticamente irreversible. Cancelarlo implicaría un costo para el estado de hasta quince mil millones de pesos. Esta cifra convierte el programa en una carga financiera a largo plazo que compromete la capacidad de respuesta pública, incluso si se concluye que su funcionamiento es deficiente.
No se mide, no se corrige y no se justifica. El programa insiste en una lógica de control sin evidencia, de gasto sin retorno y de simulación sin resultados. Mientras tanto, el aire que se respira en Jalisco sigue contaminado y la ciudadanía paga por una promesa que es sencillamente vacía. El aire sigue sucio, los recursos se esfuman y el discurso ambiental sirve como coartada.
