La violencia es uno de los mayores riesgos para la democracia, porque se contrapone a la convivencia pacífica y a la práctica de valores cívicos. Consiste en la acción de personas o grupos en contra de otras, a fin de ofender, coaccionar o destruir. Se expresa de diferentes maneras y afecta a varios grupos sociales. La espiral violenta conduce al desorden y al caos; también se convierte en un riesgo para el Estado de derecho.
Este fenómeno altera las estructuras estatales, produce la desintegración del tejido social y corrompe a quienes dirigen las instituciones encargadas de combatirla. Ahí donde su ejercicio es recurrente, el Estado pierde su capacidad para contenerla. Además es peligrosa, porque tiene como fin inhibir el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, entre ellos la práctica libre del periodismo.
México se ha convertido en un ejemplo de este fenómeno. La propagación de agresiones contra periodistas a lo largo del país se ha vuelto recurrente. Quienes ejercen esta profesión viven con temor ante el riesgo de sufrir agresiones físicas. La situación por la que atraviesan varias regiones del país enciende las alarmas, porque en este contexto violento es casi imposible que se realice un periodismo libre.
Los hechos de las últimas dos semanas muestran el estado crítico al que ha llegado nuestro país. La retención y asalto a siete reporteros en la región de Tierra Caliente de Guerrero; el ataque contra Sonia Córdova, subdirectora del semanario El Costeño, en Jalisco, que costó la vida a su hijo; pero sobre todo el asesinato de Javier Valdez, en Sinaloa, volvieron a evidenciar la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos. Nos recordó que de 2000 a la fecha más de 100 comunicadores han sido asesinados. Solo entre marzo y mayo de 2017 van seis asesinatos. El número de agresiones crece aceleradamente.
Ante este panorama es urgente que las autoridades, de todos los niveles, hagan frente a los criminales y cumplan su tarea de salvaguardar la integridad física del gremio periodístico, que incluso ha evidenciado algunas complicidades entre diversas autoridades y delincuentes. Las condiciones han llegado al límite. Exigen un cambio en la forma de actuar frente a los criminales que atentan contra periodistas. Los ataques a comunicadores revelan la fragilidad de nuestras instituciones de seguridad y ponen en riesgo el ejercicio de libertades en México, en particular la de expresión.
