Los datos de la catástrofe se acumulan por todas partes. Entre los asesinatos en 18 meses y los fallecidos por coronavirus, el país rebasa los 100 mil muertos. Desde el comienzo de la pandemia hemos escuchado del gobierno federal y de la clase política de Morena un carrusel de disparates: minimizaron la gravedad del Covid, permitieron la realización de eventos masivos, invitaron a la población a besarse, abrazarse y seguir saliendo.
Luego vinieron las estupideces, mientras el presidente presumió el uso de amuletos para defenderse del virus, tiempo después fue capaz de afirmar que “no hay base científica para usar el cubrebocas”. En esos tiempos, el Dr. Hugo López Gatell desechaba hacer pruebas masivas, presumía el modelo de vigilancia centinela y decía que el presidente no era una fuerza de contagio, sino una fuerza moral.
Culparon a los ricos por traer la enfermedad, pero el canciller Ebrard mantuvo abierto al país y no hubo una sola acción de cuarentenas preventivas, de control de ingreso eficientes, de rastreo de casos. Después de los ricos, la culpa fue de los gordos y del estilo de vida. Luego de los ricos y los gordos, el nuevo culpable fueron las refresqueras, pero olvidaron un detalle López Obrador le quitó de un plumazo el presupuesto al programa para prevenir la obesidad. En el proceso también buscaron culpar a los estados, a pesar de que los gobiernos locales actuaron antes y mejor que el gobierno federal.
En cuestión de seguridad el gobierno federal renunció a perseguir a grupos criminales, incumpliendo una obligación constitucional y ha abandonado a su suerte a los estados; pero eso sí, destruyó a la policía federal, creo una guardia nacional militar que usa para complacer al presidente Trump y detener migrantes sudamericanos.
Mientras los militares distribuyen gasolina, construyen aeropuertos y bancos del bienestar, se convierten en administradores de aduanas y puertos, los grupos criminales se envalentonan, desafían al estado y juegan a crear y sembrar terror sin que nadie los moleste. Los carteles anuncian sus pasos y difunden sus planes de control del territorio y no pasa nada.
El presidente libera al hijo del Chapo, mantiene comunicación con los abogados del capo sinaloense, le gestiona visa humanitaria a la madre, después va a saludarla personalmente y se queda a tragar garnachas en el festejo por el cumpleaños de Ovidio Guzmán, en pocas palabras, normaliza la convivencia del poder político con el narcotráfico. “El narco es pueblo” había dicho antes y sigue diciendo que “él no declarará una guerra”. Nadie espera que declare una guerra, todos esperamos que cumpla la ley, que haga prevalecer el Estado de Derechos, que honre la constitución que juró cumplir.
Los cien mil muertos de la negligencia en el manejo de la pandemia y la indolencia en la gestión de la seguridad son todos de López Obrador. Mentir cíclicamente sobre la pandemia no ha domando ni aplanado la curva. No hablar de las decenas de miles de homicidios y de las decenas de masacres que se han dado a lo largo y ancho de país, no le regresa al Estado el control del territorio y a los ciudadanos la paz.
La simulación mata.
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