La sospecha de la colusión entre grupos criminales y autoridades en México, no es nueva.
En la marea de señalamiento que se remontan al menos unas tres décadas hacia atrás, no hay partido libre de mancha. En sexenios anterorios, gobernadores y otros actores políticos terminaron presos al haberse comprado su complicidad en la protección de grupos criminales, ¿pero ahora?
Lo que vivimos hoy, va más allá, dado que quien encabeza las sospechas es el presidente de la república. ¿Qué ha hecho López Obrador para ser señalado? En primer lugar, la exhoneración del general Salvador Cienfuegos. Luego, la liberación de Ovidio Guzmán. El convivio del presidente con la familia del Chapo Guzmán, incluido el saludo de mano a su madre. Las frases y referencias que el presidente ha hecho de los grupos criminales, que van de “cuidarlos, porque también son humanos”, a renombrar la zona denominada El Triangulo Dorado, ocurrencia francamente imbécil.
Otras señales que se suman, son la disminución de detenciones, bajo el pretexto de los abrazos, no balazos; la venia que tienen los grupos criminales para humillar a las autoridades, especialmente al ejército, ya sea expulsándolos de poblaciones o desarmándolos en la sierra, para que, al final del día, el presidente minimice los hechos.
La dramática baja en las estadísticas de decomisos, la expulsión de agentes de la DEA, y sobre todo, la creciente intervención del crimen organizado en procesos electorales, como se documentó en Michoacán y Sonora, en las elecciones pasadas, y como se ha venido advirtiendo respecto al proceso electoral que se realizó ayer domingo en seis estados de la república.
A estas actitudes y acciones se suman señalamiento concretos de personajes de los medios y de la política. La periodista Anabel Hernández expone el presunto pacto entre Morena y un cartel y Porfirio Muñoz Ledo, acusa, con todas sus letras, al presidente, de ser el orquestador de un pacto de impunidad.
Todo esto es gravísimo y en el medio se juegan muchas cosas: la democracia, la justicia, el Estado de Derecho y seguridad nacional. El control territorial que tienen los grupos criminales condiciona la democracia, el desarrollo económico y la vida de la gente. El poder de corrupción, así como de amenaza y de extorsión que tiene el crimen organizado, coopta y maniata a las autoridades municipales, quienes se enfrentan a la disyuntiva entre corromperse o morir. Se juega la justicia, dado que las víctimas quedan en el olvido ante una autoridad que es permisiva, que renunció a cumplir su tarea fundamental; y pierde el estado de Derecho, mismo que, a la postre, termina por golpear todas las áreas de la vida pública nacional.
Por acción u omisión, López Obrador juega con fuego. Su indolencia envalentona a quienes hacen del terror y la crueldad su forma de imponerse. La indefensión de muchas poblaciones y el sufrimiento de las víctimas, parecen tenerlo sin cuidado. Su estrategia de atender las causas ha generado más pobreza y por ende, ha ampliado los factores que empujan a muchos a sumarse a la vida delictiva. El escenario para el país no puede ser más desolador.
Frank Lozano
