Lo que sigue es más relato que receta. Es la historia de cómo grupos de ciudadanos comprometidos vamos demostrando que puede transformarse una realidad injusta y cruel.
Me refiero al estado que guarda la movilidad y la seguridad vial en nuestro país.
Un estado que avanza a veces por esfuerzos locales y retrocede a veces por vaivenes políticos locales inmersos en una cultura vial que prohija precisamente la injusticia y la inseguridad.
En 2012 un grupo de ciudadanos logra que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconociera a la movilidad como un derecho de la ciudadanía.
A la coalición se le van sumando más organizaciones y se presenta en 2014 una iniciativa de Ley General de Seguridad Vial.
El legislativo recibe la iniciativa pero no hace más.
En 2016 las organizaciones de la sociedad civil presentan de nuevo un proyecto de iniciativa de Ley en la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura pero no avanza al no encontrar eco en el gobierno federal ni de la mayoría parlamentaria.
En 2017 se presenta la iniciativa por tercera vez. Ahora con más fuerza y empuje a todo lo largo y ancho de México.
Centenares de activistas, entre ellos las y los integrantes de Ruedas del Desierto, levantamos la voz por un marco normativo que pare la masacre.
Los activistas participamos en protestas y en mesas de trabajo para impulsar la ley pero no se logra.
En 2018 la coalición ya presente en muchas ciudades y con la participación de organizaciones de familiares de víctimas, de derechos del consumidor, de salud pública, de protección al ambiente así como funcionarias y funcionarios, diputadas y diputados, senadoras y senadores con gran compromiso formamos una masa crítica cuyos talentos expresados en acciones logran el cambio en nuestra Carta Magna que reconoce que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.
En un tiempo récord se logra la anuencia a los cambios constitucionales por parte de las 17 legislaturas locales requeridas y por fin se publican los cambios a la constitución el 18 de diciembre de 2020 y arranca el período de 180 días para que el congreso promulgue la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Este jueves presentamos a las presidencias de ambas cámaras del Congreso de la Unión un Proyecto de Iniciativa Ciudadana de tal ley, producto del trabajo colaborativo inédito en México entre activistas, funcionarias y funcionarios, legisladores y legisladoras de diversas fuerzas políticas.
Aún no llegamos a la meta, pero ésta se ve cercana. Viendo atrás salta a la vista la lección de como un grupo diverso de hombres y mujeres de diversas edades, profesiones, intereses, convicciones políticas, creencias religiosas lidereado por un grupo de mujeres brillantes y comprometidas pueden cambiar para bien la realidad de México.
Si nosotras y nosotros pudimos, cualquiera puede.
¿Te apuntas?
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