El incremento de violencia hacia las mujeres se agravó durante la pandemia de covid-19 y el Estado de México no es la excepción, lo que ha obligado a varios colectivos a tomar las calles y manifestarse para denunciar la violencia de la que son objeto y exigir respuesta de las autoridades.
A simple vista pareciera irresponsable que este tipo de protestas se hayan realizado en medio de la pandemia, pero fue justamente durante el confinamiento cuando los índices de violencia incrementaron considerablemente. Notarios y ex legisladores mexiquenses fueron protagonistas de videos que le dieron la vuelta al país, videos que dejaban testimonio de las agresiones que ejercían a sus parejas, lo cual reflejaba solo la punta del iceberg de aquella pandemia que tiene más de una década registrándose en la entidad y para la cual tampoco hay vacuna.
En los primeros meses de pandemia, la línea 800 108 4043, del Consejo Estatal de la Mujer, para atender a víctimas de violencia de género reportó un aumento de más de 60 por ciento de llamadas, de mexiquenses que solicitaban apoyo y orientación durante la etapa de encierro domiciliario. Los registros de esas llamadas dan cuenta de mujeres en busca de ayuda psicológica, debido a la cuarentena, pero la inmensa mayoría reportaba daños sufridos al interior de los hogares.
Esta línea atendió en promedio a 500 personas durante los primeros dos meses del año, pero a partir del 28 de marzo, cuando inició al aislamiento recomendado por las autoridades para evitar contagios de covid-19, subió de forma acelerada. En abril fueron más de 850 llamadas las que recibieron.
Sin ser alarmista me atrevo a decir que estos datos son escalofriantes, ya que nos permiten visualizar el infierno que viven millones de mujeres dentro de sus casas y reconocer que las medidas desarticuladas de las autoridades no han dado resultado, así como su desprecio por construir un plan integral que involucre a los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles, al sector empresarial, colectivos, académicos y universidades.
Ya se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y miles de ellas tomarán las calles, aún bajo el riesgo que representa el covid, ya que como dijo esta semana la activista Irene Montiel: “Saldremos a marchar, porque si no nos mata el covid, nos mata la violencia intrafamiliar”, al anunciar una megamarcha denominada “Mujeres por la Paz”, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles en el municipio de La Paz.
Me llamó la atención el exhorto que hizo al Cabildo de dicha demarcación para que en su programación presupuestal de 2021 se contemple una partida para otorgar cada 15 días una despensa a todas las mujeres que iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía estatal por el delito de violencia intrafamiliar. Suena interesante.
Esto con el objetivo de que las víctimas tengan garantizada la alimentación y bienestar de sus hijos y esto las motive a denunciar, ya que está demostrado que una de las causas por la cual no se visibiliza el problema radica en que el agresor es la pareja en 70 u 80 por ciento de los casos, es decir, el sustento de la familia, por ello muchas optan por no denunciar.
“Cuando existe una situación de violencia intrafamiliar las mujeres sienten miedo de qué va a pasar con su familia y por esta razón las mujeres no denuncian”, explicó.
Todo esto es solo un granito de arena, esperemos que las autoridades hagan un alto en el camino y decidan de una vez por todas construir una estrategia integral para enfrentar esta otra pandemia que es más letal que el covid.
