Política

Morir con dignidad en México: el desafío pendiente del final de la vida

Hablar de la muerte es, quizá, una de las conversaciones más incómodas que evitamos como sociedad. Nos cuesta reconocer que todos, tarde o temprano, llegaremos a ese momento. Pero cuando la muerte se acerca acompañada de dolor, angustia o pérdida absoluta de autonomía, el debate deja de ser abstracto y se vuelve profundamente humano. En México, hoy por hoy, ni la eutanasia ni el suicidio médicamente asistido son legales. Sin embargo, en enero de 2017 se dio un paso importante cuando la Constitución Política de la Ciudad de México reconoció que el derecho a vivir con dignidad también abarca el derecho a morir con dignidad. Ese cambio abrió la puerta a una discusión urgente: ¿cómo garantizar que las personas no solo mueran, sino que mueran bien, sin sufrimiento y acompañadas de quienes aman?

En muchos países se ha avanzado hacia modelos regulados que permiten a pacientes con enfermedades terminales solicitar asistencia médica para adelantar su muerte. México no está aún en ese escenario, pero la conversación ya comenzó formalmente en el ámbito legislativo. Una muestra de ello es la propuesta “Ley Trasciende”, impulsada por la diputada Samara Martínez, que busca establecer un marco jurídico para la eutanasia y el suicidio asistido. La iniciativa plantea que las personas que padezcan condiciones irreversibles y con un sufrimiento físico o emocional intolerable puedan solicitar, mediante un procedimiento riguroso, la intervención del personal de salud para poner fin a su vida.

Aunque polémica para algunos sectores, la propuesta invita a reflexionar sobre una realidad innegable: hay pacientes para quienes la medicina ya no cura, y cuya vida se reduce a un padecimiento sin alivio posible. ¿Debe el Estado obligarles a soportar un sufrimiento que consideran incompatible con la dignidad? ¿Quién debe decidir cuándo la vida ha dejado de ser una experiencia humana tolerable? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero merecen ser enfrentadas con madurez ética, respeto a la autonomía y un profundo compromiso con los derechos humanos.

Ahora bien, la discusión sobre muerte asistida no debe hacernos olvidar que México ya cuenta con alternativas legales para acompañar la fase terminal de la vida sin acelerar ni retrasar la muerte. Una de ellas es la voluntad anticipada, que permite a cualquier persona expresar por escrito su rechazo a tratamientos extraordinarios que no aportan beneficios y provocan mayor sufrimiento. Este documento busca evitar intervenciones inútiles o dolorosas que solo prolonguen la agonía, y promueve el respeto a la voluntad del paciente aun cuando ya no pueda hablar por sí mismo.

Asimismo, los cuidados paliativos están reconocidos como un derecho. Su objetivo no es curar, sino aliviar el dolor y otros síntomas que deterioran la calidad de vida: dificultad para respirar, náusea persistente, ansiedad, delirio o incapacidad para dormir. Contar con un equipo paliativista puede transformar una experiencia de sufrimiento extremo en un proceso humano, digno y acompañado. Desafortunadamente, el acceso en México aún es muy limitado. Esta carencia genera que muchos pacientes, al sentirse desesperados, piensen que la única opción es morir cuanto antes.

También existe la sedación paliativa, una alternativa que se aplica cuando los síntomas son refractarios, es decir, imposibles de controlar incluso con la mejor atención disponible. En esos casos, el personal de salud puede administrar medicamentos que disminuyen el nivel de conciencia del paciente para que no experimente dolor o angustia, sin intención directa de provocar la muerte.

A pesar de estas opciones, aún queda un largo camino por recorrer. Las decisiones sobre el final de la vida nunca deben tomarse bajo presión, en completa soledad o impulsadas por emociones pasajeras. Es indispensable que participen la familia, el círculo de apoyo cercano y profesionales capacitados, que puedan identificar si detrás del deseo de morir existe depresión tratable, falta de acompañamiento, miedo al abandono o un dolor mal manejado. Estas dimensiones emocionales y médicas son parte esencial del análisis ético antes de considerar cualquier solicitud relacionada con adelantar la muerte.

Tampoco podemos ignorar el deseo profundo de muchas personas de morir en casa, en su propio espacio, rodeados de los suyos, escuchando voces familiares y sintiéndose acompañados hasta el último aliento. Esto solo es posible si se cuenta con asesoría sanitaria, acceso a medicamentos, capacitación básica a los cuidadores y una red de apoyo comprometida.

Porque morir con dignidad no significa únicamente elegir cuándo morir, sino garantizar que la vida mantenga su valor, su humanidad y su sentido hasta el final. Es poder decidir cómo ser cuidado, qué sufrimientos no se está dispuesto a tolerar, quiénes acompañan y en dónde se desea estar. Es evitar el encarnizamiento terapéutico, el abandono y el dolor innecesario. Es reconocer que la dignidad humana no se pierde en esta etapa final de la vida humana y que, por ende, toda persona merece respeto y acogida

La discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido en México no es nueva, sin embargo, hoy podemos confiar en que la conversación puede realizarse con argumentos racionales y con conocimiento. Mientras ese debate avanza, es urgente fortalecer lo que ya tenemos: acceso universal a cuidados paliativos, difusión de la voluntad anticipada y capacitación de equipos multidisciplinarios que respeten al paciente como persona hasta su muerte.

Hablar de cómo queremos morir es, al final, una manera de decidir cómo queremos vivir.

Se ha utilizado Chat GPT 4 versión Plus para la organización de ideas y mejora de la redacción de este artículo.


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Elizabeth de los Ríos Uriarte
  • Elizabeth de los Ríos Uriarte
  • Profesora investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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