Lo que razonablemente está en cuestión no es si la ministra Yasmín Esquivel deba o no ser electa por sus pares como presidenta de la SCJN, –quien por dignidad debería renunciar al cargo que ostenta–, sino más bien los requisitos que el arcaico modelo constitucional de acceso a la Judicatura pide (Artículo 95) para ser ministro de la SCJN; entre otros:
“Ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación”. De estos dos requisitos, el primero depende de la casualidad, ¿pues de qué depende el nacimiento y el lugar donde se nace sino de la casualidad? Y el segundo solo depende del transcurso del tiempo.
Otro requisito, el más difícil de cumplir, es “poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.
Obsérvese: no se piden conocimientos ni experiencia para el difícil y delicado cargo que se tiene que desempeñar, sino solo poseer un título de licenciado en Derecho. O sea, es suficiente con inscribirse en una escuela de Derecho de las más de dos mil 500 que hay en el país, al concluir colgar el título y esperar una oportunidad, y algunas veces el cargo de juzgador llega sin que se espere.
Bajo las directrices de este modelo de acceso a la Judicatura, el cual se reproduce en todas las constituciones locales, incluso en la novísima Constitución de Nuevo León, se accede a la Judicatura. Es verdad que las leyes orgánicas establecen otros requisitos que requieren de esfuerzo, pero toda vez de que solo se trata de cubrir formas, finalmente en casos de controversias prima el criterio del Artículo 95 de la Constitución federal.
Lo curioso es que nadie ha puesto en cuestión este vetusto modelo constitucional de acceso a la Judicatura inamovible desde la Constitución de 1824, por no establecer directrices fundantes para la exigencia de una formación teórica y práctica de juzgador, antes de que las personas, hombres y mujeres a quienes por medio de la ley se les atribuye la facultad de juzgar, accedan a los órganos jurídicos de aplicación del derecho y se inicien en cualquiera de las actividades vinculadas al ejercicio de la función de juzgar.
Otro requisito que ya no cumple la ministra Yasmín Esquivel, es “gozar de buena reputación”, el cual, para que se cumpla, jurídicamente es suficiente con que se manifieste bajo protesta de decir verdad que se es persona honesta.
¡He ahí el más grande de los invisibilizados problemas que tienen hundido a nuestro país! No existe en México una auténtica carrera judicial, lo que existe es un sistema escalafonario al que jurídicamente se le ha asignado el rótulo de carrera judicial.
En México todavía no se hace visible el problema de la selección y formación de jueces y el acceso a la judicatura, para cuya solución se requiere pensar en la creación de una escuela descentralizada de altos estudios especializada en la formación de jueces, fiscales y abogados del Gobierno, a la que solo se podría acceder mediante estrictos criterios de selección, mismos que se deberían exigir para el acceso a la Judicatura, después de haberse concluido los estudios especializados en la función de juzgar.
Pero, ¿por qué no hay preocupación por formar jueces virtuosos dotados de los saberes esenciales e instrumentales que pide la función de juzgar? Porque desde el poder político y los poderes fácticos, no desde este sexenio, sino desde siempre, quieren seguir manteniendo secuestrado al Poder Judicial.
Por supuesto, sí hay buenos jueces en el Poder Judicial, pero los buenos jueces lo son porque contra viento y marea ellos lo quieren ser.
No entiendo cómo se pretende una 4T sin pensar en el problema de la selección y formación de jueces y el acceso a la Judicatura. Pues, no es posible ninguna transformación social sin un Poder Judicial autónomo, vigoroso y certero en sus resoluciones, para lo cual se requiere de buenos jueces, los cuales no nacen, se tienen que hacer.
Efrén Vázquez Esquivel
