Que desde el escritorio del gobernador Alejandro Armenta se ha dado la indicación de que los programas sociales son un derecho constitucional y no podrán condicionarse con fines políticos, de cara a 2027. Se dejó en claro que los recursos se entregan directo, mediante Tarjetas del Bienestar y sin intermediarios, mientras que en las obras comunitarias, serán los propios comités, en su mayoría con mujeres tesoreras, los que administren el dinero. Así que mucho cuidado para quienes suelen caer en la tentación de lucrar con el sistema.
Que hablando de programas sociales, en lo que fue Liconsa, y ahora se conoce como Leche para el Bienestar, se detectó la presencia de falsos gestores que utilizan el nombre, logotipos e imagen institucional para pedir documentos y sorprender a los beneficiarios. La propia titular en el estado, Paola Ruíz, recordó que ningún trámite tiene costo, no se deben entregar papeles a terceros y cualquier gestión sólo se realiza por canales oficiales. Dicen que desde la delegación anunciaron mayor vigilancia para blindar los apoyos.
Que en Izúcar de Matamoros, el alcalde morenista Eliseo Morales defendió la inversión de 2.5 millones de pesos para un concierto con una frase que formará parte del anecdotario: “o me lo robo o se lo regresamos al pueblo”. Y es que el recurso será destinado a la presentación de Los Alameños de la Sierra dentro de los festejos de Santiago Apóstol; el edil dijo que se trata de una forma de devolver beneficios a la gente. Sin embargo, no aclaró de qué partida presupuestal saldrá el dinero y si no hay necesidades verdaderamente urgentes.
Que donde también se calentaron los ánimos fue en San Marcos Tlacoyalco; ahí, los habitantes aprovecharon la realización de la Feria de Paz para exigir al alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, Martín Camargo, una mayor inversión en obra pública y otros rubros ya que pese a las necesidades acumuladas la comunidad sigue viendo cómo las obras se concentran en otras localidades. El reclamo escaló al grado de poner sobre la mesa números y advertencias, pues los 18.5 millones de pesos disponibles no alcanzan para abatir el rezago que enfrenta la zona.
