Que el diputado local por el PAN, Víctor Zanella Huerta, celebró con bombo y platillo durante la Diputación Permanente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la contratación de un crédito para el estado; y mientras defendía que se actuó conforme a la Constitución, le quisieron parar el carro en seco.
Por ahí la diputada morenista María Eugenia García Oliveros, le dijo, “¡Qué bueno que estén pendientes de eso!”, y le pidió que también se acate la resolución para que las mujeres tengan derecho a abortar, pues por más que el máximo órgano de justicia del país lo pida, el PAN en Guanajuato le ha puesto un freno, un tema que tendrá que salir sí o sí el próximo mes.
Y a donde se están dirigiendo ahora los reflectores es con los deudores alimentarios y violentadores, Alejandro Arias Ávila, diputado local por el PRI, está buscando con una iniciativa para que estos no aspiren a ser notarios públicos, en pocas palabras que no sigan haciendo de las suyas.
Para el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso Local, su propuesta no solo es para atajar a los “mala paga” y violentadores, sino para ponerle un hasta aquí a los privilegios en el gremio notarial. Tal parece que todo esto con la mira puesta en el 2027, año en que la legislación nacional los obligará a renovarse o no.
Que resulta que el diputado Sergio Contreras salió a exigirle a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT) que le ponga sellos de clausura de inmediato a la escombrera municipal de Los López, pues dice está operando en completa clandestinidad, sin permisos y hasta en un predio del que ni siquiera se sabe quién es el dueño.
Por cierto, el diputado sin partido sacó datos que se obtuvo vía acceso a la información para exhibir que el Municipio ni siquiera ha metido una solicitud en regla, advirtiendo que no solo es una falta administrativa y un riesgo ecológico, sino una violación a la ley por andar tirando escombros en la completa irregularidad. _
