Que quien encendió focos rojos en Palacio Legislativo de San Lázaro fue Marcelo Torres Cofiño, al poner sobre la mesa un tema que incomoda más de lo que se admite en público: el crimen organizado ya no solo disputa calles, ahora disputa pantallas. Nos dicen que su advertencia sobre el reclutamiento de jóvenes a través de redes sociales, videojuegos y plataformas digitales no cayó nada bien en algunas bancadas, donde consideran que el asunto “no está tan documentado” o que podría abrir la puerta a una sobrerregulación incómoda. Sin embargo, en privado, varios legisladores reconocen que el fenómeno es real y que el Estado va varios pasos atrás frente a la capacidad de adaptación del narco.
Que detrás del discurso de Marcelo Torres Cofiño también viene una jugada legislativa que podría generar ruido: castigar la apología del crimen organizado en entornos digitales y obligar a plataformas a intervenir. Nos comentan que la propuesta ya empezó a generar jaloneos, pues mientras algunos la ven como necesaria para frenar la captación criminal en línea, otros advierten riesgos de censura y excesos regulatorios.
Lo cierto es que el tema puso contra la pared a más de uno, porque si algo quedó claro es que el crimen ya entendió el terreno digital… y en el Congreso apenas comienzan a discutir cómo enfrentarlo.
Que entre líneas dejó ver la alcaldesa Betzabé Martínez que el Ayuntamiento no meterá las manos en el tema Dinamita, que claramente rebasa su competencia. Y es que, aunque las 28 detenciones generaron presión social, desde la presidencia municipal se fijó una postura institucional: respeto absoluto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, sin politizar el caso ni intervenir donde no corresponde.
Eso sí, el gobierno local no se quedó cruzado de brazos. Como primer movimiento, se activó apoyo directo a las familias de los detenidos, facilitando transporte y alimentos para que pudieran trasladarse a la capital del estado. Un gesto que busca bajar la tensión social sin asumir responsabilidades legales que, dicen, ya están en otra cancha.
Que en corto, dentro del Ayuntamiento reconocen que el problema no es menor y que el fondo del asunto ya está en manos de instancias estatales y judiciales. Los detenidos enfrentan cargos serios —extorsión, cierre de vías de comunicación y robo—, por lo que la ruta ya no es política, sino jurídica.
Por ello, más allá de los posicionamientos públicos, la recomendación ha sido clara hacia los involucrados: buscar defensa legal, porque el margen de maniobra municipal es prácticamente nulo. Así, el mensaje que se manda es doble: hay acompañamiento social, pero la resolución del caso dependerá de lo que dictaminen las autoridades competentes.
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