Que Nueva Alianza Hidalgo decidió pelear en tribunales la multa de 9.3 millones de pesos que le impuso el INE, recurriendo a la Sala Regional Ciudad de México, porque perder dinero duele más cuando se supone que ya se había “perdido” antes. La nueva dirigente estatal, Juana María Márquez Parrasales, impugnó la resolución que ordena descontarles 25 por ciento de su ministración mensual, un castigo que no llegó de golpe, pero sí promete una sangría prolongada hasta cubrir el monto completo.
Que el INE fue claro al señalar al partido por no cuidar ni vigilar sus recursos, luego de que en 2020 salieran millones de una cuenta destinada a campañas municipales con rumbo desconocido, bajo la etiqueta de un presunto fraude cibernético que, seis años después, sigue sin culpables visibles. Los retiros —uno casi simbólico y otro de más de 4.6 millones de pesos— dejaron constancia de que alguien tuvo acceso, contraseña y oportunidad, aunque el partido insiste en presentarse más como víctima que como responsable.
Que el alcalde de Mineral de la Reforma, Eduardo Medécigo Rubio, salió a apagar el incendio asegurando que no hay procedimiento administrativo ni funcionario investigado por la adjudicación del contrato del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, porque cuando el problema es incómodo, la inexistencia suele ser la mejor coartada. El edil también dijo no saber que el ganador de la licitación era funcionario activo del ayuntamiento de Tepeapulco, argumento que descansa en la idea de que nadie tenía cómo saberlo, aunque el beneficiado firmaba como director de Desarrollo Urbano en otro municipio.
Que Medécigo explicó que hoy sí existe una plataforma para detectar conflictos de interés, pero que en aquel momento no estaba disponible, confirmando que la transparencia llegó tarde y solo después de que el contrato ya estaba firmado y cobrado. En muchos casos dicen para la administración pública a veces el mayor blindaje no es legal, sino tecnológico… o su ausencia. Por ello, el caso vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control previo en contratación.
