Que observando las cifras del impacto económico de la violencia en Hidalgo durante el periodo 2015-2024, ha mostrado una tendencia general al alza desde 2015 hasta 2019, alcanzando un máximo de 76 miles de millones de pesos. Posteriormente, se observa una relativa estabilidad con fluctuaciones menores, manteniéndose en un rango cercano a los 70 miles de millones de pesos en los últimos años del periodo. La variación dentro del periodo para Hidalgo no es tan drástica como la observada en estados como Guanajuato o Michoacán. El incremento desde el inicio hasta el punto más alto fue de 26 miles de millones de pesos, lo que sugiere un aumento gradual en el costo económico de la violencia en la entidad durante la segunda mitad de la década pasada mismo que se ha mantenido estable en los últimos 2 años.
Que aunque los datos proporcionados por el Índice de Paz México son alentadores para la entidad frente a otros estados con niveles de violencia elevados, al igual que en el resto del país el alza en el costo que representa para los ciudadanos el enfrentar la delincuencia ha crecido y el reto no solo es que no pase de los 70 mil millones de pesos que le costó a Hidalgo en 2024 y 2023, sino que empiece a tener una tendencia a la baja. En el caso de personas desaparecidas también son positivos los números respecto a la localización de personas con vida que rebasa el 70%, sin embargo habrá que disminuir la cifra de los que son encontrados sin vida donde se supera la media nacional.
Que comerciantes del tianguis de San Cristóbal, en la colonia La Providencia, acusan a un regidor de Pachuca por Morena de acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder. El asambleísta, dicen, no sólo rebasa su competencia en torno a los límites municipales, pues realiza insinuaciones de índole sexual, ejerce control autoritario sobre los espacios de venta y ha llegado a impedir la instalación de comerciantes que se niegan a sus exigencias personales. El personaje en cuestión presume estar protegido por figuras políticas, como la dirigente estatal de la UNTA, Martha López Ríos, y por las autoridades municipales de Pachuca y Mineral de la Reforma, lo que le permite actuar con total impunidad.
