Que será el próximo 17 de diciembre cuando se someta a votación en el pleno del Congreso del Estado el paquete económico 2026; por lo pronto ya salió de la comisión de Hacienda y Fiscalización donde se aprobó por mayoría. El voto en contra lo dio el grupo parlamentario de Morena.
Se aprobó la contratación de dos créditos por un total de 8 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil millones serán para la construcción del Acueducto Solís-León y 4 mil millones para proyectos estratégicos de agua, campo, salud, seguridad, infraestructura social y educación, en beneficio de los municipios.
Y ahora fue hasta la Capital, a donde se trasladaron productores de municipios como Acámbaro, Tarandacuao y Jerécuaro quienes acudieron al Congreso del Estado para manifestarse en contra del acueducto Solís–León y solicitar hablar con los diputados de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, sin embargo, el tema ya había sido aprobado por unanimidad y ahora pasará al pleno.
La oposición cuestionó que el paquete fiscal que presentó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presenta aumentos en algunos rubros por encima del 4 por ciento, 20por ciento y hasta 40 por ciento, ahí va el costo de placas para autos y motocicletas. El blanquiazul defendió que el aumento coloca al estado en la media nacional e incluso debajo de otras entidades como Michoacán, Chiapas, Tabasco y Yucatán donde cobra más. El impacto también será en el costo de la licencia y refrendo vehicular.
Y que al menos 22 de los 46 municipios no les alcanzará el dinero para cerrar el año por lo que tuvieron que solicitar adelantos de participaciones para poder cumplir con sus obligaciones y gastos. La suma total que se ha solicitado asciende a los 223 millones 220 mil 117 pesos en la lista están San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Cortazar y Salvatierra.
Otros municipios son Apaseo el Grande, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Moroleón, Huanímaro, Santiago Maravatío, Coroneo, Manuel Doblado y Comonfort entre otros; los alcaldes de los diferentes partidos políticos de estos municipios deciden buscar al estado porque es mucho más rápido que solicitar deuda, donde les lleva más tiempo que les resuelvan.
