Que es histórica la decisión que tomó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de trasladar su oficina regional de Aguascalientes a Guadalajara debido a la violencia que ha convertido a Jalisco en el epicentro nacional de desapariciones. ¿Podrá esta medida frenar la ola de impunidad? Resulta que Jalisco vive una emergencia humanitaria. Solo entre 2019 y 2025 se han abierto 3 mil expedientes por violaciones a derechos humanos. El caso del Rancho Izaguirre terminó exhibiendo el viacrucis que viven las familias de las víctimas, pues encima de todo todavía tienen que viajar horas a Aguascalientes para que les escuchen. La CNDH argumenta que el traslado permitirá atender con mayor rapidez casos como desapariciones, tortura y ejecuciones en zonas críticas: los Altos, la Costa y la Zona Metropolitana de Guadalajara. Pero... ¿Qué cambia realmente?
Que la implementación del pago mediante código QR por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es, sin duda, un avance tecnológico bienvenido en plena era digital. Agilizar trámites, evitar filas y ofrecer múltiples opciones de pago (desde tarjetas de débito y crédito hasta efectivo) son medidas que facilitan la vida al contribuyente. Sin embargo, este anuncio también invita a reflexionar sobre otros pendientes del organismo: ¿Y la calidad del servicio? De poco sirve pagar fácil si persisten problemas como fugas no atendidas, cortes injustificados o mediciones erróneas en recibos. La tecnología debe ir acompañada de mejoras tangibles en el suministro.
Que mientras en el estado de Michoacán limitan los narcocorridos en los eventos públicos, en Jalisco el tema ya tocó fondo: la agrupación Los Alegres del Barranco perdió su Visa tras cantar aquí en honor a un líder del narco. No se trata solo de castigar las canciones, sino de enfrentar el daño cultural que produce enaltecer la violencia. La entidad jalisciense necesita más que sanciones simbólicas: urge una política cultural firme, coherente y valiente.
