Que la opinión pública espera la postura de Erika Pérez, coordinadora de Morena en Jalisco, ante la denuncia por extorsión presentada contra el alcalde de su partido, Diego Rivera. Su defensa pública fue enérgica cuando Rivera intentó clausurar a la Tequilera José Cuervo, alegando defensa de la autonomía municipal. Hoy, cuando esa misma empresa lo acusa formalmente de exigirle 60 millones de pesos por permisos —en un patrón con al menos otras nueve denuncias similares—, su silencio es elocuente. La disyuntiva es clara: o Pérez “se rasga las vestiduras” nuevamente para defender al edil, o en un acto de honestidad política, se distancia y deja que el caso se resuelva únicamente en los tribunales. Su siguiente declaración definirá qué pesa más: la lealtad partidista o el principio de que nadie está por encima de la ley.
Que el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz, encara la recta final de su gestión con la misma solvencia técnica que marcó su inicio. Fue junto con Jorge Ventura Alfaro -relacionado a Morena- el mejor calificado al obtener 124.5 de 127 puntos posibles, de acuerdo con el Comité de Participación Social. Sin embargo, en el caso de Ortiz, éste no es un perfil político sino técnico que lo encamina, dicen en el Congreso, como un funcionario cuya selección se basa en el mérito, facilitando a los diputados una elección transparente alejada de cuotas partidistas. Su labor en la implementación de las directrices y funciones de la nueva ley de fiscalización, creando auditorías de desempeño y publicando miles de informes, demuestra un perfil discreto pero efectivo.
Que la presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, recibió esta semana la Condecoración al Mérito BEN LAMAT en el Senado de la República, destacando su gestión en materia ambiental, social y de innovación. Este reconocimiento la posiciona como referente de buenas prácticas y la proyecta a una vicepresidencia internacional. El reconocimiento, sin embargo, eleva la vara para la administración de Farías, que ahora deberá demostrar resultados tangibles y de largo alcance en rubros como agua, seguridad y atención a vulnerables. La tarea es consolidar y replicar los beneficios, y demostrar que el reconocimiento se traduce en una mejora constante y verificable de la calidad de vida en El Salto.
