En seis meses iba a regresar Andrés Manuel López Obrador al Ejército a los cuarteles, esa fue una de las promesas en su campaña presidencial, pero ahora dice que siempre no. Cuatro años después de la desaparición de la Policía Federal para conformar la Guardia Nacional, con la premisa de tener un mando civil, pretende pasar a la corporación a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ha visto mermada su reputación por denuncias de abuso de autoridad con el respaldo del sistema castrense.
El más reciente: el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La Comisión de la Verdad reveló la intervención de militares en la desaparición y muerte de los normalistas, a pesar de que Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena en ese entonces, rechazó la participación de efectivos en el hecho y se negó a que rindieran su declaración en las investigaciones. La FGR anunció que va contra 83 mandos militares, soldados y policías, incluidos miembros de los batallones 27 y 41; pero Cienfuegos, que también tiene en su negro historial la masacre de Tlatlaya, permanece intacto.
Tampoco queda en el olvido la participación militar en la matanza de Tlatelolco en 1968 y el Halconazo en 1971, dos de los episodios más infames de la historia de la milicia mexicana.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido miles de denuncias por torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas en las que están involucrados elementos de la Sedena y la Secretaría de Marina desde 2006, cuando tomaron las calles en la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, y que ha dejado más de 350 mil muertos y 100 mil desaparecidos en el país.
La intervención militar en las tareas de seguridad pública no ha disminuido el dominio del crimen organizado. Ampliar su presencia sin límites definidos y al margen de la justicia civil es entregar un pase libre a cometer violaciones de derechos humanos y un enorme poder al Presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La inminente militarización enciende otra alarma más en un país que ya está en llamas.
Dora Raquel NúñezTwitter: @draquelnzx