“La violencia que viven las comunidades del CIPOG-EZ es una muestra brutal de la guerra contra los pueblos originarios que defienden su territorio, su autonomía y la vida”, dice una convocatoria urgente difundida estos días por el Congreso Nacional Indígena (CNI) ante el asedio criminal en la Montaña Baja de Guerrero.
Todavía ayer seguían denunciándose ataques armados, drones explosivos y desplazamientos forzados que arreciaron la semana pasada. Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), señalan como responsable a Los Ardillos, un ente que dejó de operar como banda de narcotráfico para erigirse en poder paramilitar.
El analista Luis Hernández Navarro y otros investigadores que conocen bien la región explican que este grupo fue creciendo entre crímenes selectivos, control político, desapariciones y prácticamente un terror comunitario cotidiano al servicio de intereses económicos de diversa calaña.
A lo largo de esta región hay una extensa historia de interés extractivo. Oro, plata y otros minerales recorren buena parte del subsuelo guerrerense. Por años, gobiernos federales entregaron concesiones mineras sobre enormes extensiones del estado a empresas nacionales y extranjeras, sin consultar a comunidades.
Debido a ello, pueblos me’phaa y Na Savi resistieron al proyecto Corazón de Tinieblas, de la minera Hochschild Mining. Tras una larga batalla jurídica acompañada por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la empresa desistió y las concesiones terminaron cancelándose. Lo sucedido reveló hasta qué punto la región era vista como reserva estratégica de extracción minera, así como también la fuerza de resistencia comunitaria que hay en el estado.
Existen también antecedentes concretos de interés minero sobre la Montaña Baja. Hay registros de títulos concesionados en municipios como Ahuacuotzingo que posteriormente fueron cancelados, como el lote San Martín, cancelado en 2018.
Otras compañías que operan en Guerrero son Torex Gold, que mantiene el complejo Media Luna y El Limón-Guajes; Equinox Gold, que opera el proyecto Los Filos; y Peñoles, que explota la mina Capela. Aunque estos proyectos no se ubican exactamente en la Montaña Baja, son parte de una geografía marcada por expansión extractiva, conflictos territoriales y disputa por recursos minerales e hídricos. _
Las comunidades guerrerenses del CNI son un obstáculo para cualquier actor que busque apropiarse del territorio. Estos pueblos suscriben la “guerra capitalista” que analiza el EZLN y que cada vez es más evidente en distintos puntos del país. No estamos ante la vieja “guerra contra el narco”, sino algo más oscuro y fragmentado. Una guerra en la que el crimen organizado, economías sin escrúpulos, intereses políticos y abandono estatal terminan mezclándose y difuminando fronteras.
La montaña sitiada de Guerrero es una muestra del país en el que hay territorios vaciados por el miedo mientras un gobierno federal observa omiso y el estatal convive cómplice. Frente a eso, el CNI y el CIPOG-EZ intentan responder con las armas que siempre han tenido los pueblos para resistir: la memoria, la rebeldía y la organización.
