El 6 de septiembre de 2006, en la madrugada, un grupo criminal irrumpió en la discoteca Sol y Sombra, en Uruapan, y arrojó cinco cabezas humanas sobre la pista de baile. Ese día todos recibimos el mensaje de la magnitud del desafío que lanzaban estos grupos, así como de la violencia que estaban dispuestos a desplegar. También, a partir de ese día, nos empezamos a preguntar si el Estado tenía la voluntad y la capacidad de restablecer el orden.
Han pasado 19 años, y el sábado, en el mismo Uruapan, mataron al alcalde Carlos Manzo. 19 años en los que, en repetidas ocasiones, gobiernos de distinto signo ideológico han prometido restablecer la paz en Michoacán, fracasando siempre.
El 11 de diciembre de 2006, un recién electo Felipe Caderón anunció el Operativo Conjunto Michoacán, que consistió, primordialmente, en el envío de tropas al estado. Al anuncio le siguieron unos cuantos días de calma, no más. Los criminales y la sociedad expectante midieron la capacidad del gobierno. Lo que siguió fue una brutal escalada de violencia. Las incursiones de la Policía Federal eran resentidas por la población de Tierra Caliente como las de un ejército de ocupación. Todos se sentían criminalizados en la zona. En la carretera que une Tepalcatepec con la Ruana, Calderón mandó construir una enorme cárcel de alta seguridad. Grupos armados y no armados de la zona volvieron imposible la terminación de la obra. Los habitantes, así lo expresaban, se sentían humillados de que se invirtiera ese dineral en una cárcel y no se respondiera a ninguna de sus demandas.
El 24 de febrero de 2013, Hipólito Mora, limonero y padre de limoneros, convocó a los habitantes de la Ruana a no tolerar más los abusos de Los Caballeros Templarios. Lo mismo ocurrió en el vecino Tepalcatepec. Después de algunas hesitaciones, en enero de 2014, Enrique Peña Nieto optó por enviar a un comisionado con plenos poderes a la zona, Alfredo Castillo. Llegó respaldado con fuerza militar y policiaca, y con la promesa de responder a las legítimas demandas de la población (en la Ruana, por ejemplo, le solicitaron tres computadoras para la escuela y una empacadora de limón que no estuviera controlada por los grupos criminales). Se vivió un corto periodo de esperanza. Se vislumbraba la posibilidad de que la autoridad del Estado se relegitimara en una zona que tenía una larga historia de contrabandos y cacicazgos. Pero en cuestión de meses, y después de haber alcanzado algunos logros —cierta pacificación, acorralar a Los Caballeros Templarios y que las autodefensas aceptaran convertirse en policías municipales— el gobierno federal abandonó Michoacán. Los militares que acuerpaban el esfuerzo en Tierra Caliente fueron enviados a principios de septiembre a Baja California Sur por la devastación provocada ahí por el huracán Odile. Nunca volvieron. Los que quedaban se fueron a Guerrero por la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa. Tampoco nunca llegó el dinero para las tres computadoras ni para los sueldos de los policías municipales de Tepalcatepec ni para la empacadora.
Los criminales retomaron las poblaciones y los caminos. Y en las conciencias de los habitantes quedó grabado que el Estado no cumple y abandona. Se reinició así un nuevo ciclo en Tierra Caliente donde la población tuvo que callarse y convivir con los criminales del momento.
Ayer se anunció un nuevo plan para pacificar Michoacán. Pero ¿se habrá aprendido algo? ¿O solo se trata, como entonces, de apagar el fuego y la indignación?
