M+ En la economía se dice que hay ciertas empresas que son demasiado grandes para quebrar (too big to fail), es decir, que por su tamaño y por la cantidad de personas que dependen de su existencia, su quiebra tendría consecuencias tan graves para una región, o incluso para un país, que lo mejor, aseguran, es rescatarlas incluso utilizando dinero público, en lugar de dejar que el mercado justamente las castigue con la quiebra por una mala gestión.
En política es lo que nos está proponiendo la Presidenta: que la defensa del interés superior de la nación esté por encima de si el gobernador señalado (Rocha Moya) es culpable o no de lo que se le acusa, porque su eventual juicio o entrega, implicaría vulnerar al sistema político mexicano en su conjunto, al darle entrada a una posible injerencia de Estados Unidos en la selección de quienes gobiernan en nuestro país. Lo planteó el domingo cuando afirmó: “Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero, hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México”.
Puede ser, y hace sentido, pero lo que esto significa también, dada la debilidad histórica de nuestras instituciones de procuración de justicia, es que, una vez más, funcionarios de alto nivel acusados de corrupción y colusión con las mafias puedan librar los señalamientos que se les hacen sin nunca ser investigados y mucho menos castigados. Tristemente, no hay nada nuevo en esto, las élites políticas en nuestro país, por una u otra razón, siempre han resultado intocables. Lo que hoy se explica por la necesidad de evitar una intervención extranjera, antes fue para evitar la desestabilización del país, defender al partido, o para concentrarse en el futuro porque hacer justicia hacia atrás quitaría tiempo y esfuerzo para construir un mejor mañana. Y ahí sí que somos una excepción, incluso en América Latina (ver escándalo Odebrecht), nunca hemos tenido instituciones y contrapesos con la independencia y capacidad de enjuiciar a los detentores del poder político, económico o militar. Una y otra vez, en el mejor de los casos, la esperanza y la propuesta se reduce a esperar una remediación a futuro, a que para la próxima sí sea diferente.
El domingo, la Presidenta pareció invertir el orden de prioridades que nos ofreció en la mañanera del 30 de abril respecto a este caso. Ese día dijo: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Ahora sonó a defensa de la soberanía incluso a costa de la verdad y la justicia. Es cierto que también aseguró que “nunca vamos a defender la corrupción ni la colusión con el crimen, nunca”. Pero sólo hay una manera de que esto no termine siendo simplemente un capítulo más del pacto de impunidad que ha blindado a nuestras sucesivas élites políticas de ser llevadas ante la justicia, cuando así lo ameriten, cuando haya pruebas en su contra, y es que sean investigados y enjuiciados en nuestro país y por nuestras instituciones. Y no sólo los eslabones más bajos de la estructura política nacional (los presidentes municipales) también gobernadores, secretarios de Estado, generales y marinos si resultan involucrados.
El poder se puede —quizá— conservar defendiendo la soberanía, pero sin verdad y sin justicia, la pérdida de legitimidad resultará inevitable.
