Parece que no hemos dimensionado la magnitud del problema que encierra el presupuesto del próximo año. En el paquete económico 2026 hay un hecho gravísimo que, aunque fue reconocido públicamente como un “error”, sigue sin corregirse: el recorte del 56% al presupuesto de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Es un error, dicen. Pero de aprobarse así, ese “error” dejaría a más de 150 mil jóvenes sin estudiar, cerraría 3 mil salones de clase, aumentaría la deserción escolar y abriría de nuevo la brecha de desigualdad educativa que México lleva ocho décadas intentando cerrar. También frenaría la expansión de la Red Universitaria y detendría proyectos estratégicos como la Universidad Aeronáutica de Tlajomulco, los nuevos centros universitarios de Tonalá, Zapotlanejo, El Salto y Chapala, y la modernización de decenas de preparatorias en todo el estado.
La UdeG atiende hoy a más de 350 mil estudiantes. No se trata solo de números: se trata de entender lo que está en juego para el futuro de Jalisco y del país. Recortar a la UdeG es recortar el motor del desarrollo del occidente de México. Es frenar la formación de médicos, ingenieros, científicas y creadores que sostienen nuestra economía y nuestro progreso.
La presidenta Sheinbaum lo dijo públicamente: “se va a corregir.” Hoy le tomamos la palabra y apelamos a su compromiso con la educación pública, con la ciencia, con las juventudes. Porque negarle recursos a una universidad de prestigio internacional es cerrarle la puerta al conocimiento y al futuro de México.
Pero el problema del presupuesto 2026 no termina en la educación. También atraviesa a nuestras zonas metropolitanas, que seguirán estancadas si no se invierte en movilidad, transporte digno, agua y planeación urbana. Sin un Fondo Metropolitano, casi el 70% de la población del país quedará en ciudades a medias, con servicios a medias y desarrollo a medias. Urge crear un Fondo Federal de Planeación Metropolitana con al menos 300 millones de pesos iniciales, reglas claras, evaluación de impacto y transparencia total. Prevenir nos cuesta menos que reparar: cada peso invertido hoy evitará gastar cientos de millones mañana en remediar lo que no se planeó.
Y finalmente, está el otro gran silencio del presupuesto: la seguridad. ¿Cómo hablar de desarrollo si el país está sitiado por la violencia y se destinan migajas a las policías municipales y a la reconstrucción del tejido social? Un presupuesto débil en seguridad es una sentencia de impunidad. En un país donde asesinan alcaldes, periodistas, médicos y mujeres, mantener los mismos errores presupuestales es normalizar la tragedia.
No se puede seguir hablando de abrazos cuando lo que tenemos son comunidades aterrorizadas, municipios abandonados y una estrategia que se diluye entre discursos y pretextos.
Lo digo con toda claridad: si este presupuesto se aprueba así, la Cámara de Diputados será cómplice. Culpable no solo por omisión, sino por permitir que la violencia siga gobernando donde el Estado ya no llega; y si llega, solo es para recoger los casquillos. Aprobar este presupuesto es avalar que el miedo siga siendo la política de seguridad de México.
