América Latina y el Caribe atraviesa una transformación demográfica acelerada que redefine sus desafíos sociales y económicos. Según datos recientes de Cepal, la región ha dejado de ser predominantemente joven, y se proyecta que para 2056 las personas mayores de 60 años superen en número a los demás grupos etarios.
Esta transición ocurre en un contexto de baja de la fecundidad (1.8 hijos por mujer en 2023) y un aumento de la esperanza de vida (76 años en promedio), lo que produce un desfase entre la población económicamente activa y la dependiente. Producto de estos fenómenos, el llamado bono demográfico (entendido como el periodo en el que la relación entre la población en edad de trabajar y los dependientes es favorable a la primera, lo que genera más capacidad productiva, el fortalecimiento de los ingresos fiscales y un mayor equilibrio en los sistemas de protección social) también se está cerrando.
Pero no todas son malas noticias. Son cada vez más los sistemas democráticos de América Latina y el Caribe que han tomado nota de la necesidad de aprovechar este bono demográfico para fortalecer el rol de los Estados en la toma de decisiones, y transformar sus políticas públicas en mecanismos de participación más integrales, diversos e inclusivos que promuevan, a su vez, reformas de largo plazo. Algunas áreas de acción, en ese sentido, se encuentran en la inversión educativa y sanitaria, en la formación de fuerzas laborales calificadas y la creación de empleos formales, y en la reformulación de los sistemas de pensiones para hacerlos sostenibles y garantizar la estabilidad fiscal de largo plazo.
México ofrece un ejemplo interesante de cómo una democracia puede responder con políticas públicas a los desafíos demográficos. En los últimos años, el país ha impulsado reformas educativas orientadas a mejorar la calidad y cobertura en ese campo, con énfasis en la formación en habilidades digitales y técnicas. En esa línea se posicionan programas como el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, para la construcción, ampliación y reconversión de espacios educativos en todo el territorio, así como la propuesta educativa Nueva Escuela Mexicana, que busca implementar nuevos planes y programas de estudio con enfoques interdisciplinarios en todos los niveles de educación formal.
Otro aspecto destacable es la implementación de políticas de inclusión financiera y laboral para mujeres, un grupo históricamente subrepresentado en el mercado de trabajo, cuya participación no solo implica una mayor justicia social, sino también una estrategia demográfica inteligente que amplía la base de contribuyentes al sistema de seguridad social y reduce la presión sobre los sistemas de cuidado.
El desafío, en definitiva, no es solo demográfico, sino una apuesta por modelos de desarrollo que sean más justos, inclusivos y sostenibles. Se trata de construir instituciones capaces de anticiparse, planificar con visión de futuro y sostener políticas públicas alineadas con la capacidad democrática de construir consensos e incluir voces diversas.
América Latina y el Caribe aún tiene margen para actuar, pero el reloj demográfico avanza. Si los Estados logran traducir esta oportunidad en políticas públicas efectivas, con participación social y enfoque de derechos, la región no solo podrá enfrentar el envejecimiento con mayor resiliencia, sino también sentar las bases para una democracia más sólida y una ciudadanía más plena.
