En México, la población de personas adultas mayores de 60 años crece rápidamente. En solo 30 años, el número total de quienes tienen más de 60 años pasó de 5 millones en 1990 a 15.1 millones en 2020, de acuerdo con el INEGI, crecimiento de más de diez puntos porcentuales respecto de la población total del país, para representar 12%.
Ese crecimiento demográfico había sido proyectado ya por los estudiosos, ya que es resultado de la evolución natural y social de la población en edad productiva, como en todas las sociedades del mundo. ¿Cómo lo estamos encarando en nuestro país? Numerosos retos se presentan a nuestra vista para garantizar los derechos fundamentales de este segmento de la población, a quienes debemos experiencia y, en prácticamente en todos los casos, gratitud por su esfuerzo en la construcción de nuestro presente.
Los derechos humanos de las personas adultas mayores están reconocidos en nuestra Carta Magna e instrumentos jurídicos derivados de ella. Por ello, contamos con múltiples planes, programas, políticas públicas y esfuerzos de todos los sectores para mantener los principios rectores que están muy acordes a la evolución histórica de nuestras sociedades, desde la época prehispánica.
Lo primero, la igualdad de oportunidades: Las personas adultas tienen derecho a oportunidades de formación y realización, así como de los insumos básicos para la vida: alimentación, agua, vivienda, vestido y atención sanitaria, así como oportunidades de un trabajo remunerado, educación y capacitación, y sobre todo a vivir en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.
Asimismo, tienen derecho a la participación activa para compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes; al mismo tiempo, tienen derechos a cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios en instituciones donde se les brinden esos cuidados.
Desde luego tienen derecho a la autorrealización y a aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial en todos los ámbitos de la vida social.
Finalmente, y no menos importante, es preservar su dignidad: las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con seguridad y ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato y recibir un trato digno a la altura de su legado.
El ciclo de vida que muestran requiere también una visión prospectiva, ya que el envejecimiento es un proceso involutivo que requiere valorar las acciones del pasado para elaborar alternativas que consideren escenarios futuros para su bienestar. Lo merecen, lo merecemos.
Carolina Monroy
