Bajo la Constitución de 1857, la ley detallaba las normas que debía seguir la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El territorio, para ello, estaba dividido en distritos electorales de cuarenta mil habitantes, subdivididos a su vez en secciones electorales de quinientos habitantes, entre hombres y mujeres de todas las edades.
La ley establecía que los gobernadores tenían que hacer la demarcación de los distritos y los ayuntamientos tenían que empadronar a los ciudadanos y expedir las boletas para la votación en las secciones. La elección estaba dividida en dos fases: la primaria (en las secciones) y la secundaria (en los distritos). En la primaria, los ciudadanos con derecho a votar, después de instalar la mesa, depositaban su boleta en la urna, nombrando en ella a un elector entre los miembros de su comunidad –normalmente algún notable del pueblo. “Los ciudadanos irán entregando sus boletas al Presidente de la mesa”, indicaba la ley. “Este las pasará a uno de los secretarios para que pregunte, en voz baja, si el ciudadano N., es el dueño de la boleta el que nombra para elector de su sección”. Los mexicanos eran analfabetos, no sabían escribir, por lo que había que sufragar así: en voz baja. Hecha la votación, la mesa leía las boletas para conocer el nombre del elector, que era quien obtenía la mayoría de los votos en la sección. Así concluía la elección primaria, para dar lugar a la elección secundaria, que ocurría dos semanas después. En ella, los electores escogidos en cada una de las secciones acudían a la cabecera del distrito que les correspondía, para votar a su vez por un candidato para la Suprema Corte de Justicia. El resultado de sus votos quedaba consignado en un expediente firmado por todos los electores, que era remitido al Congreso en la Ciudad de México. Los legisladores contaban entonces los votos para consignar el resultado en un decreto.
Eso es lo que decía la ley. La realidad era distinta.
La Constitución de 1857 otorgaba el derecho al voto a todos los hombres mayores de veintiún años en la República Mexicana. Les imponía, también, la obligación de votar. Con ello estableció el sufragio universal, como lo entendía su tiempo. Pero lo hizo en un pueblo ignorante, pobre y oprimido, que nunca había votado, que habitaba un país marginado y fragmentado, dominado por caciques, acostumbrado a la pasividad. La simulación era inevitable, pues no había en el país las condiciones para que los ciudadanos sufragaran de verdad. “Como el sufragio universal era un mandato de la Constitución y un imposible en la práctica, tenía que fingirse para guardar las formas legales, había que llevar a las casillas electorales a ciudadanos autómatas, para lo cual debían intervenir las autoridades y sus agentes inferiores”, escribió Emilio Rabasa. Los comicios, en efecto, eran obra de las autoridades, en tiempos de Juárez, en tiempos de Lerdo y en tiempos de Díaz. A un costo muy alto para el futuro de la democracia en México. Pues en los años y los lustros por venir –hasta el ocaso del siglo XX, de hecho– las elecciones en México serían organizadas, financiadas, controladas, calificadas y juzgadas por el Supremo Gobierno de la República. Esas elecciones, hoy, amenazan con volver.
