El Tribunal Contencioso Administrativo nació en 1984, fue sustituido en marzo de 1998 por el Tribunal de lo Administrativo como órgano del Poder Judicial de Jalisco. La función básica de este tribunal es dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que surjan entre las autoridades del Estado y las municipales con los particulares.
En abril del 2000 la Ley de Justicia Administrativa le asignó al TAE, entre otras, tres atribuciones que han provocado problemas: la creación de salas unitarias en lugar de salas colegiadas; la figura de la “afirmativa ficta”; y la facultad para anular disposiciones generales (con excepción de las leyes).
El funcionamiento en salas unitarias ha sido pernicioso ya que se han cometido muchos abusos y no pocos casos de corrupción, el que un solo magistrado conozca cada juicio da lugar a que, como es cotidiano, muchos abogados o empresarios deshonestos maniobren para que sus asuntos se turnen a determinado magistrado al que fácilmente pueden convencer, influir, presionar, o sobornar, para obtener suspensiones, afirmativas fictas y sentencias favorables.
La potestad que tienen los magistrados para decretar la suspensión del acto reclamado ha causado enormes perjuicios ya que de esa manera se ha autorizado la construcción y, en su caso, se ha autorizado el funcionamiento de desarrollos inmobiliarios, casinos, gasolineras, torres que rebasan densidades, alturas y “giros negros”.
Algunas decisiones sobre la procedencia de la afirmativa ficta (juicios que se siguen cuando una autoridad no responde en cierto tiempo la solicitud de un particular puede demandar ante el TAE) han sido muy cuestionadas ya que se han aplicado criterios disparatados en clara contravención a leyes y reglamentos.
Es triste reconocer la mala fama que ha tenido el TAE, fui magistrado durante nueve años y sé de lo que hablo, los juicios políticos y de procedencia penal que entonces se siguieron (y las solicitudes que ahora existen) en el Congreso, resoluciones absurdas, como la de Arrow que en 1999 condenó al Ayuntamiento de Zapopan a pagar 18,223 millones de pesos, y más grave, los señalamientos de corrupción que se hacen a unos cuantos perjudican a todos.
Por eso es tan importante que se corrijan esas conductas, que se sancione a los responsables al margen de su procedencia partidista o posición grupal que representen ya que no se puede seguir perjudicando desde esa instancia a los gobiernos y a la sociedad.
¿Se puede corregir el desempeño indebido de un magistrado? Sí, aunque a veces de manera equivocada. En el Acuerdo del Congreso en el que no fui ratificado como magistrado (página 73 del Periódico Oficial del 25 de enero del 2005) se dice: “…las situaciones en que se ha visto involucrado el ciudadano (yo) en forma evidente dañaron su buena reputación y perjudican la imagen del Tribunal del que forma parte. Como ejemplo de lo anterior tenemos las múltiples manifestaciones del Magistrado en el Pleno o ante los medios de comunicación en las que descalificaba sistemáticamente las actuaciones de los demás magistrados, haciendo fuertes señalamientos de encubrimiento y de corrupción de los demás miembros del Tribunal”.
En la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 23 de enero del 2007 los magistrados Cosío Díaz, Margarita Luna y Olga Sánchez me defendieron señalando que los argumentos de ese dictamen eran “irrazonables”, pero el ministro Sergio Aguirre, que fue quien inclinó a votación en contra mía, dijo al inicio: “Convengo con la señora ministra Luna Ramos las inconsistencias del dictamen…”, pero al emitir su voto dijo: “Sin purismo, pero la esencia del buen fundamento se contiene en el Acuerdo (de la no ratificación) y por eso estoy por su validez y constitucionalidad”.
El Congreso iniciará el estudio de las leyes que regularán el sistema estatal anticorrupción que ya estableció constitucionalmente al TAE como la instancia en que se desahogarán los procedimientos de responsabilidad y el órgano que impondrá las sanciones que corresponda, de ahí que este tribunal no puede ser visto con suspicacias, mucho menos con abierta desconfianza.
La exigencia social es que este nuevo sistema funcione, el primer paso será aprobar leyes que establezcan procedimientos ágiles, sencillos y fáciles de aplicar; después viene la selección de quienes habrán de dirigir la Fiscalía especializada, la Auditoría Superior y la conformación de una nueva instancia en el TAE, lo que obliga a designar personas que cuenten con antecedentes idóneos de honestidad y que tengan un compromiso social fuerte para cumplir esas funciones.
Si no se seleccionan personas con el perfil adecuado las disposiciones que se aprueben serán parte de la historia legislativa, como son las que están en vigor desde 1982. Coincido con quienes creen que lo más importante de un juez es su honestidad.
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