Nuestro problema, nuestra tragedia de inseguridad y violencia tiene claramente un pilar institucional. Lo tiene hace muchos años y nunca se ha podido o querido tocar. Son las fiscalías. Las estatales y la federal.
Ahí reside nuestro problema. Se sabe, está comprobado con datos y con más estudios en los últimos lustros qué fiscales han pasado por todas esas fiscalías. Una de las principales razones: la utilización política del Ministerio Público de parte de los gobernantes. Todos.
Va el último de estos de una organización muy seria, México Evalúa, que lleva mucho tiempo estudiando el fenómeno.
“Promedio de casos no resueltos a nivel estatal: 89%. Estados con mayor porcentaje de soluciones efectivas: Michoacán, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Entidades con promedio mayor a 96% de casos en impunidad: CDMX, Estado de México, Guerrero, Morelos y Jalisco.
“El análisis del flujo procesal evidencia una desconexión estructural entre las instituciones de seguridad y las de justicia: 8.8 millones de reportes telefónicos relacionados con delitos fueron recibidos por las policías, mientras que solo 2.15 millones de denuncias se registraron ante las fiscalías”.
“Aunque el 93.8% de las denuncias deriva en la apertura de una carpeta de investigación, únicamente 6.28% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal, es decir, a una imputación formal ante un juez”.
“El estudio también documenta un incremento significativo del rezago institucional. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron —de 1.3 millones a 2.6 millones— mientras que las causas acumuladas en tribunales crecieron de 221 mil a 425 mil”.
Queda claro que así, como estamos, no hay manera.
Ayer en la mañanera le preguntaron a la Presidenta que si tiene en sus planes, dado lo que sabemos, una reforma a las fiscalías.
Respondió que hace dos días la fiscal general le dijo que presentará un plan de trabajo sobre las mejoras que quiere hacer a la Fiscalía para su “modernización”.
Pero el asunto no está en la Fiscalía General, a la que le toca un mínimo porcentaje de los asuntos, como debe ser, sino a las estatales.
¿Qué dijo la Presidenta?
Que había que esperar a que se consolide la reforma al Poder Judicial. Que entendía que el problema estaba en los ministerios públicos –“Nadie ha planteado que no”, dijo–; pero que hasta el momento no vamos a presentar ninguna iniciativa, pero no cerramos la posibilidad de que se pueda hacer”.
O sea…por lo pronto, en la misma.
