Desde hace casi 10 años, la organización no gubernamental Data Cívica ha seguido de cerca la violencia político-criminal.
Las amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas que se desempeñan en el ámbito político-gubernamental y que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.
Esta semana, la organización ha hecho público su primer reporte del año con miras a las que serán las elecciones de 2027, en las que se renovarán más de la mitad de las gubernaturas del país, así como municipios y legislativos, tanto locales como el federal.
Este 2026 ha sido un año sin elecciones, lo que se ve en los números, aunque no dejan de ser preocupantes. De enero a julio de 2026, los tipos de eventos violentos más frecuentes fueron asesinatos (126), ataques armados (29) y secuestros (22).
Comparado con el mismo periodo de 2025, se observa una disminución en asesinatos (de 199 a 126) y en amenazas (de 55 a 16); cinco entidades concentran 51% de la violencia político-criminal registrada de enero a julio de 2026: Sinaloa (13%), Guerrero (10%), Veracruz (10%), Oaxaca (9%) y Guanajuato (8%). Sinaloa encabeza la lista con 27 víctimas. En sexto y séptimo lugar están Zacatecas y Michoacán.
En varios de estos estados habrá elecciones el año próximo.
De 2018 a julio de 2026 se han registrado 2 mil 537 eventos de violencia político-criminal, con un total de 3 mil 5 víctimas entre personas asociadas con el ámbito político y gubernamental.
Como lo ha documentado el proyecto Votar entre Balas, desde hace muchos años los grupos criminales usan la violencia para intervenir en elecciones locales, lo que les da la fuerza para después apropiarse de territorios en donde controlan lo que necesitan.
A diferencia del sexenio pasado, en estos años el Gabinete de Seguridad ha hecho varios desmantelamientos de organizaciones locales con arrestos que incluyen a funcionarios locales asociados con los grupos delictivos.
Lo que ahora hay que preguntar es qué se hará de aquí al día de las elecciones de 2027 —y los meses posteriores, donde se ven muchos ajustes de cuentas, como lo ha documentado Votar entre Balas— para prevenir la violencia en estados clave como aquellos que hoy encabezan la lista de la violencia político-criminal.
