Para Donald Trump todo es un acto de campaña.
Desde el día de la elección que perdió frente a Joe Biden ha actuado para convertirse en el líder indiscutible del Partido Republicano y no permitir que ningún personaje le quite ese lugar por mucho tiempo.
La falsa narrativa de la elección robada, de la persecución por dos procedimientos de investigación en el Congreso y la más reciente sobre su papel en la toma del Capitolio después de un mitin encabezado por él en la Casa Blanca le han servido para hacerse la víctima y reforzar el entusiasmo en su base electoral.
En todo este tiempo ha resultado vergonzosa la actuación de muchos líderes republicanos, que han hecho a un lado la legalidad para apoyar al ex presidente con tal de que en algún mitin les dé su respaldo para la próxima elección.
Esta semana la justicia tocó a la puerta de Trump. Primero, el FBI ejecutó una orden de cateo en su residencia en Mar a Lago, Florida. La noticia la dio a conocer el mismo Trump con un comunicado que acusaba al gobierno de comportarse como si fuera el de “un país roto, del tercer mundo”. El FBI y el Departamento de Justicia han guardado silencio, pero varios reportes periodísticos con fuentes confidenciales al interior de esas instituciones señalan que el cateo tiene que ver con una denuncia en relación con el manejo de documentos y archivos confidenciales que Trump debió, por ley, haber entregado al gobierno al final de su mandato y que no aparecen en ningún lado. Ese delito, de ser probado, le impediría volver a ocupar un puesto público, incluido el de la presidencia. La narrativa hasta hoy es de Trump y ha obtenido el respaldo de los líderes de su partido.
Unos días después Trump acudió a una cita con la fiscalía neoyorquina por otra investigación, en este caso sobre sus negocios privados. El ex presidente se acogió a la quinta enmienda para no responder. Una vez más, denunció a la fiscal y se volvió a victimizar.
La ruta de la justicia no es muy rápida y hoy la narrativa pública de esas investigaciones la ha arrebatado Trump. Más valdría al Departamento de Justicia y las fiscalías que investigan sus ilegalidades apurar los procesos o contar su historia hasta donde puedan, porque de llegar así a noviembre los resultados podrían ser desastrosos para la democracia estadunidense, no solo para los demócratas.
Carlos Puig
@puigcarlos
