El pasado lunes 17 de enero el fotoperiodista Margarito Esquivel salía de su casa en Tijuana, cuando fue abatido a balazos. Trabajaba para Grupo Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba con medios internacionales como la BBC.
Dos días después de ese asesinato, repito: dos días después, el gobierno del estado de Baja California emitió un boletín de prensa que anunciaba: “Para proteger el bienestar de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en Baja California, el gobierno del estado, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, instalará el Mecanismo Estatal de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el próximo lunes 24 de enero. Dicha entidad protectora estará integrada por el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez; el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Gilberto Landeros Briseño”. El secretario de Gobierno, Catalino Zavala, dijo que se “pondrían en marcha medidas de prevención y medidas urgentes de protección. Dichas medidas deben garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, así como del ejercicio de la libertad de expresión o del periodismo”.
A la periodista Lourdes Maldonado la asesinaron el domingo. Hasta el momento que escribí este texto no supe si se instaló el mecanismo.
Lourdes Maldonado había acudido hace tres años a la mañanera a denunciar las amenazas en su contra. “Vengo aquí a pedirle apoyo y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”. Se le prometió atención, el Presidente la dirigió con Jesús Ramírez, de Comunicación Social. Los temores de Lourdes se hicieron trágica realidad el domingo.
Hace muchos años, y los últimos han sido peores, que para los colegas periodistas, mayormente los que hacen su trabajo fuera de Ciudad de México y en zonas donde el Estado no existe, su oficio es un riesgo permanente. Aparecemos cada año en la lista de los países más peligrosos para el oficio.
Eso sí, se crean mecanismos y sistemas y se prometen cosas. Pero poco —o nada— se hace para combatir la impunidad que tiene con miedo a todos los mexicanos.
Politiquería, pues. Sin resultados.
Carlos Puig
@puigcarlos
