Como bien señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aún quedan por llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación varios asuntos que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública y la cada vez mayor presencia del Ejército en la vida pública del país.
Sin embargo, la discusión de ayer que validó el acuerdo presidencial que mantiene al Ejército en tales labores no da motivos para el optimismo de que algunos de estos asuntos pudieran regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles y respetar la Constitución y poner esas labores en manos del poder civil.
Varios de quienes votaron a favor del proyecto de la ministra Ríos Farjat hicieron la misma lógica que no tiene sustento en la realidad de lo que ha sucedido en estos cuatro años: que esto es un asunto temporal debido a la situación de emergencia que se vive en términos violencia.
El mismo Presidente los ha desmentido cuando ha dicho con toda claridad que quiere que la Guardia Nacional pase a ser un órgano dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más aún cuando, en los hechos, la Guardia Nacional es ya un órgano militarizado y son las fuerzas armadas quienes lo integran y operan.
“El hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública”, dijo el ministro presidente Arturo Zaldívar, por ejemplo.
El problema es que la Guardia Nacional no es hoy una “institución de carácter civil”.
Hay que decir que lo sucedido en estos cuatro años y la decisión de ayer viene de hace quince años, cuando el presidente Calderón sacó al Ejército a las calles y después cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto no solo se mantuvo a los militares en las calles, sino que se hizo el primer intento por “legalizar” esa presencia.
En el fondo, lo validado ayer es un viejo anhelo de los principales partidos frente a su incapacidad de construir un aparato de seguridad y justicia capaz de enfrentar la violencia y la delincuencia. No que el Ejército lo sea, como demuestran los resultados después de quince años con Ejército en las calles, pero pone, para efectos de debate público, la responsabilidad en las fuerzas armadas. Y los políticos se lavarán las manos.
Carlos Puig
@puigcarlos
