La propuesta hace unos días del diputado federal Carlos Palacios, de Morena, abrió un nuevo frente de debate en una de las industrias más emblemáticas de México: el tequila; pero especialmente, puso en el ojo del huracán una vez más la labor del Consejo Regulador del Tequila (CRT).
Palacios plantea retirar atribuciones al consejo y devolverlas al gobierno federal, bajo el argumento de que el organismo ha rebasado sus funciones originales y hoy actúa como una autoridad de facto, sin serlo formalmente.
El CRT nació en 1994 con un objetivo claro y acotado: vigilar y hacer cumplir la denominación de origen del tequila, protegiendo su autenticidad y evitando su falsificación dentro y fuera del país. Sin embargo, en la práctica el organismo de la iniciativa privada sin fines de lucro, ha ampliado su margen de acción y asumido facultades que, por ley, corresponden a instancias del Estado mexicano.
Entre los señalamientos más reiterados está el control que ejerce el CRT sobre la Norma Oficial Mexicana del tequila. Aunque la norma es emitida por el gobierno federal, el consejo participa de manera determinante en su aplicación, interpretación y vigilancia, lo que para algunos legisladores y productores implica una privatización encubierta de funciones públicas.
El alcance del poder del organismo va más allá de la supervisión técnica. El CRT otorga certificaciones indispensables para operar, realiza inspecciones, clausura tequileras, asegura productos y determina sanciones que van desde suspensiones temporales hasta el retiro definitivo de certificaciones.
Integrado por representantes de las más grandes compañías tequileras como Cuervo, Bacardí y Compañía, Diageo México, La Madrileña o Sauza, además de otras empresas medianas, en su historia de más de tres décadas, el Consejo Regulador del Tequila ha llegado a imponer sanciones directas como suspensiones hasta de 180 días a tequileras.
También funge como un “informante” de autoridades como el SAT y la Profeco que, a instancias de sus supervisiones, fueron sancionadas decenas de productoras de tequila y destruidos cientos de litros que no cumplían con la norma.
Y es que el consejo es el único autorizado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para efectuar verificaciones a la industria tequilera.
La Norma Oficial Mexicana del Tequila NOM-006-SCFI-2012, regula la producción, denominación de origen, envasado y comercialización del tequila, asegurando su calidad y autenticidad. Aplica al agave tequilana Weber azul definiendo sus categorías: Tequila 100 por ciento de agave, Tequila, con mezcla de 49 por ciento de azúcares distintos al agave.
Productores agaveros han sido de los más críticos del actuar del consejo. En distintas regiones de Jalisco y otros estados con denominación de origen, culpan al CRT de haber contribuido a la actual crisis de sobreproducción de agave, que desplomó el precio del kilogramo hasta niveles históricamente bajos, llegando incluso a un peso por kilo en algunos momentos.
El malestar no es sólo económico, sino estructural. Agaveros sostienen que el modelo de regulación ha favorecido a un grupo reducido de grandes casas tequileras, que concentran la producción, la certificación y la exportación, mientras miles de pequeños productores quedan atrapados en ciclos de bonanza y colapso sin mecanismos reales de protección.
A estas críticas se suma la percepción de que el CRT se ha convertido en un negocio en sí mismo. Sus detractores afirman que las cuotas, certificaciones y procesos administrativos representan una carga excesiva para los productores más pequeños.
La propuesta no plantea desaparecer al Consejo Regulador del Tequila, pero sí acotar sus funciones y devolver al gobierno federal la rectoría plena sobre la regulación, inspección y sanción. El CRT, bajo este esquema, volvería a ser un organismo técnico de apoyo y no una autoridad con poder sancionador.
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