En México estamos obsesionados con la Ley y con la norma, pero no con su implementación y cumplimiento. La reforma al artículo 3ro Constitucional, que al escribir estas líneas había sido aprobada -en segunda vuelta- en la Cámara de Diputados, establece que “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, le geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación… las lenguas extranjeras… el cuidado al medio ambiente…”, etc.
Como ya se ha dicho en este espacio, si la mitad del texto constitucional se hiciera realidad, tendríamos un sistema educativo como el finlandés o el coreano, así como empleos bien remunerados. Desafortunadamente, esa obsesión nacional por redactar leyes con bella prosa no siempre se corresponde con el diseño de buenas políticas públicas, de largo plazo.
Recientemente, el reconocido economista Daron Acemoglu publicó el artículo “¿De dónde vienen los buenos empleos?”, en el cual aborda la necesidad de crear empleos mejor remunerados y con alto valor agregado como base fundamental para el desarrollo y bienestar en la 4ta Revolución Industrial, al garantizar que la gente tenga “un propósito y un significado de vida”. La clave para Acemoglu es (¡oh sorpresa!): La educación.
Para ello recomienda retomar principios que siguieron países en el Siglo XX durante la posguerra: 1) Aumentar las tasas de recaudación fiscal, para a su vez; 2) Invertir más en ciencia, tecnología e innovación y; 3) Invertir más y mejor en los sistemas educativos.
Es impostergable una mayor inversión en estos rubros, pero no solo es cuestión de dinero ni de redistribución, sino de preguntarnos ¿qué tipo de políticas públicas debemos promover para impulsar una mayor innovación en educación y ciencia? Más del tema en la próxima columna.
