La reciente renovación de tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido interpretada por muchos como la confirmación de la consolidación del control del oficialismo sobre el órgano encargado de organizar y arbitrar las elecciones. La llegada de perfiles percibidos como cercanos al oficialismo y la salida de consejeros reconocidos por su independencia modifican, sin duda, el equilibrio interno del instituto. De cara a 2027 y 2030, el resultado es un consejo mucho menos balanceado, aunque todavía sujeto a reglas colegiadas y a la existencia de un servicio profesional electoral, elementos que impiden hablar de control automático.
Pero reducir la cuestión a la captura institucional es quedarse en la punta del iceberg. Lo que está en juego es más de fondo: una discusión abierta sobre el tipo de democracia que surgió durante nuestra transición al pluralismo competitivo y de cuyas profundas insuficiencias nacieron AMLO y Morena.
Durante las décadas de 1980 y 1990 buena parte del mundo adoptó la idea de que el binomio mercado abierto y un formato de democracia que representaba a las minorías y dejaba fuera a las mayorías representaba no sólo el mejor modelo posible, sino el único. Esa concepción suponía que existía una sola forma correcta de organizar la vida política y económica, válida para todos los países, sin importar su historia o nivel de desarrollo. Hoy ese consenso se está resquebrajando.
En México y en muchas otras democracias, ese modelo generó crecimiento y beneficios para algunos sectores, pero también altísima exclusión social y política, así como una creciente desconexión entre gobernantes y gobernados. La brecha resultante entre ciudadanía e instituciones políticas vigentes abrió la puerta a nuevos liderazgos que cuestionaron el paradigma dominante. La 4T debe leerse en ese contexto.
En el discurso de López Obrador, y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, la democracia sigue siendo central, pero desde una visión muy distinta a la que fue hegemónica hasta hace poco en Occidente. Y muy crítica también del tipo particular de democracia que encarnó el régimen de la transición. Una variante de la democracia que incluía como elementos centrales reglas para asegurar la competencia electoral efectiva y límites legales al poder emanado de las urnas, pero, además, todo un conjunto de dispositivos institucionales orientados a restringir la influencia de las mayorías electorales y sociales sobre su operación en los hechos.
Frente al carácter política y socialmente excluyente de la democracia mexicana realmente existente, Morena plantea una visión que enfatiza la necesidad de transitar hacia una democracia en la que las mayorías electorales puedan modificar o ajustar políticas públicas importantes, y en la que los intereses de los grupos sociales mayoritarios cuenten con representación efectiva.
De ahí el impulso a dos movimientos simultáneos. Por un lado, el debilitamiento o desmantelamiento de instituciones no mayoritarias —los órganos autónomos— y, contramayoritarias —el Poder Judicial. Por otro, reformas legales y políticas orientadas a fortalecer a sectores históricamente rezagados, como el aumento del salario mínimo, la regulación del outsourcing y la expansión de programas sociales.
El resultado ha generado una tensión evidente: mientras se amplía la base social de la política, se reducen los mecanismos que acotaban poder obtenido en los comicios.
¿Estamos entonces frente al fin de la democracia mexicana?
Difícil afirmarlo, dado que, hasta el momento, el elemento mínimo que define a una democracia —la posibilidad real de que la oposición gane elecciones y asuma el poder— sigue vigente.
Pero es cierto que hay indicios de erosión democrática y que la pregunta sobre si nos encaminamos a una deriva autoritaria es importante y pertinente. La respuesta depende del lente con el que se mire. Si la democracia se define priorizando equilibrios institucionales y contrapesos, el diagnóstico apunta a un deterioro. Si, en cambio, se incorpora la dimensión de inclusión social y capacidad de representación de las mayorías, el panorama es más ambiguo.
Lo que está ocurriendo en México no es una anomalía aislada. Es parte de una crisis más amplia del modelo de organización política que dominó Occidente durante las últimas cuatro décadas. La pregunta de fondo —aquí y en muchas otras latitudes— es qué hacer con las mayorías sociales (las clases trabajadoras, los pobres, los sectores populares): ¿seguir conteniéndolas a través de arreglos institucionales política y socialmente excluyentes o reincorporarlas plenamente al centro de la vida política?
La apuesta de la 4T es clara: reinsertarlas.
Podemos llamar a lo que está ocurriendo en México erosión democrática o deriva autoritaria. Pero también podemos verlo como un experimento. Un experimento incompleto, lleno de tensiones y riesgos, pero también de posibilidades. Un intento de reconstruir la democracia desde abajo requilibrando la balanza de poder entre los más y los menos a favor de los primeros, y viendo si es posible lograrlo sin cancelar, en el camino, los límites legales e institucionales al poder mayoritario.
El desenlace está abierto.
