Los medios de comunicación han arremetido contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. Evidenciaron vía filtraciones una indebida red de contratos millonarios, ligadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas y faltas graves de conflictos de interés.
Los medios exaltaron como la mayor crisis de corrupción en los órganos electorales del país. El asunto no para ahí, ni se resuelve con la renuncia de la extitular del INE.
Según diversos medios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE han evidenciado una supuesta red de corrupción y simulación de competencia que involucra a 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Es decir, la trama no se queda solo en el INE sino tiene alcances mayores. Se conjetura desvíos multimillonarios y manipulación de contratos de material electoral que abarcan el periodo de 2014 a 2026 y alcanzan un monto cercano a los 9 mil millones de pesos, de los cuales 4 mil millones corresponden directamente a contratos asignados por los OPLES.
Queda claro que la corrupción electoral no es nueva y abarca muchas otras áreas de la vida institucional de los órganos electorales en el país.
Por ello, la presidenta declaró que Taddei “traicionó la confianza del pueblo de México” y pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría profunda que abarque tanto la gestión de Taddei como periodos anteriores, con alcance a 27 OPLES.
En diversas entidades se han presentado escándalos en los institutos electorales. Solo algunos ejemplos: El OPLE de Chiapas, en 2016, todos los consejeros fueron destituidos por irregularidades. El OPLE de Nayarit, en 2019, fue removido el consejero presidente por malos manejos en la gestión financiera. El OPLE de Campeche, en 2023, fue destituido el consejo por faltas administrativas y abuso de autoridad.
En el Estado de México, a dos meses de la elección de la elección de 2005, estalló un escándalo político mayúsculo por el amaño de contratar a la empresa Cartonera Plástica, que había regado recursos para ganar la licitación de materiales electorales con un sobrecosto de 43 millones de pesos; por este asunto renunciaron todos los entonces consejeros al IEEM.
Por el bien de la transparencia y la certeza que debe guardar todo órgano electoral, debe ejecutarse una investigación a fondo sobre el pasado reciente que otorgue certidumbre a la ciudadanía.
