• Regístrate
Estás leyendo: No al matrimonio infantil
Comparte esta noticia
Jueves , 18.04.2019 / 21:48 Hoy

Los derechos hoy

No al matrimonio infantil

Arturo Zaldívar

Escuchar audio
Publicidad
Publicidad

El matrimonio infantil en nuestro país es una realidad que sigue afectando a un número importante de menores, fundamentalmente niñas. Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el 17.3 por ciento de las mujeres entre los 20 y 24 años de edad se casaron siendo niñas, lo que solo ocurrió respecto del 3.9 por ciento de los varones. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del Inegi, en el 2014 había un 15 por ciento de adolescentes de 15 a 19 años casadas o en unión libre. A partir de esa misma encuesta, ONU Mujeres encontró que, entre las mujeres de 20 a 24 años, 3.74 por ciento se unió antes de los 15 años y 21.4 por ciento antes de los 18; y que de las mujeres que se casaron antes de los 18 años, el 46.9 por ciento solo había cursado la primaria. Se trata, pues, de un fenómeno frecuente, que afecta desproporcionadamente a las niñas, principalmente a las que viven en pobreza; a las que tienen un menor nivel educativo, y que se concentra mayoritariamente en comunidades rurales e indígenas.

Sus efectos nocivos están ampliamente documentados. Cuando las niñas entran en unión conyugal, encuentran dificultades para continuar sus estudios; se coarta su capacidad de decidir sobre el número y frecuencia de los hijos que desean tener; se embarazan siendo adolescentes, lo que conlleva mayores probabilidades de sufrir complicaciones en el embarazo y el parto. Las niñas casadas están expuestas a sufrir violencia doméstica y violencia sexual de sus parejas y a que se afecte su capacidad de actuación y autonomía; en general, ven limitadas sus oportunidades para desarrollarse plenamente y construir un proyecto de vida. Incluso, se han documentado casos de matrimonio forzado que dieron lugar a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial en varios estados y municipios del país.

Frente a una realidad como esta, el señalamiento de los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin posibilidad de dispensas, constituye una medida legislativa que si bien por sí sola no va a solucionar el problema, contribuye a la erradicación de esta grave violación de los derechos humanos de las niñas. La prohibición de las dispensas otorga una protección reforzada, al evitar en forma efectiva que los estereotipos, el contexto social, las tradiciones y las prácticas aceptadas por una comunidad puedan determinar su otorgamiento y den lugar al matrimonio de una adolescente sin su pleno consentimiento.

Aunque en diversos instrumentos internacionales se prevé la posibilidad de otorgar dispensas judiciales a menores de edad para que puedan contraer matrimonio en casos excepcionales, por motivos legítimos establecidos en ley y con su consentimiento informado, su prohibición constituye una protección mayor, plenamente justificada desde una perspectiva de género y del interés superior de la infancia.

Nada de esto niega la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. A medida que se desarrollan, los menores de edad van adquiriendo la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre sus relaciones afectivas, así como sobre su vida sexual y reproductiva. Pero para favorecer el ejercicio de esos derechos en forma libre, autónoma e informada el Estado está obligado a brindarles educación, información, servicios de salud adecuados y acceso a métodos anticonceptivos, entre otras medidas; pero no existe una obligación constitucional de darles acceso a una institución jurídica como es el matrimonio, cuyo ejercicio, por definición, está sujeto a una edad mínima.

Por ello, en días pasados la Suprema Corte resolvió que la prohibición absoluta del matrimonio infantil en el Estado de Aguascalientes, sin posibilidad de dispensas, es una medida constitucional, que respeta el derecho al matrimonio y el libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que confiere una protección reforzada a los menores, la cual resulta razonable a la luz de los intereses en juego, además de que es acorde con los estándares internacionales en la materia.

Acabar con el matrimonio infantil es una tarea impostergable, para la cual son necesarias medidas legislativas y políticas públicas efectivas; pero es necesario también que los jueces constitucionales comprendamos la realidad en la cual se dan nuestras resoluciones. Hacer justicia es abrir los ojos y ver el rostro de las personas a quienes impactan nuestras sentencias; es resolver entendiendo que más allá del expediente o de las discusiones teóricas hay un dolor y un sufrimiento que no se pueden tolerar.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.