El panorama que afronta nuestro país no es nada alentador. Como nunca en muchas décadas, enfrentamos una amenaza externa cuyas consecuencias económicas y sociales pueden ser desastrosas. Se presenta como posibilidad real, un escenario de deportaciones masivas, bloqueo a las inversiones, impuestos a las remesas y una renegociación desfavorable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todo, mientras en el ámbito interno prevalece un clima de desánimo social por la violencia, la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
Ante esta realidad, me parece fundamental hacer una reflexión sobre la importancia que tienen los derechos humanos —su respeto y desarrollo— como eje en torno al cual debemos fundar nuestra fortaleza y unidad, de cara a los retos por venir. Si lo vemos con cuidado, los derechos permean a todo, lo tocan todo, y por ello, cualquier solución que se proponga tiene que pasar por ellos.
Así por ejemplo, en el tema de nuestros connacionales que enfrentan procedimientos de deportación en Estados Unidos, la principal preocupación del Estado mexicano debe ser velar por el respeto a sus derechos, entre los que se encuentran el derecho de los niños a no ser separados de sus familias, el derecho a no ser detenidos arbitrariamente, el derecho a la protección consular, entre otros. Pero todo ello conlleva, además, el deber de proteger esos mismos derechos respecto de los migrantes que ingresan por la frontera sur. No podemos exigir lo que no damos.
El desarrollo económico y social pasa también por el respeto a los derechos. La capacidad de atraer inversiones, de aumentar el crecimiento económico, de fortalecer los mercados, depende de la vigencia del estado de derecho. Para generar riqueza y redistribuirla adecuadamente se requiere de un sistema judicial capaz de proteger los derechos de los ciudadanos, hacer que se cumplan los acuerdos y dar certidumbre a las transacciones.
El combate a la corrupción y a la impunidad es, de igual manera, una cuestión de derechos. Por un lado, la transparencia y la rendición de cuentas son el presupuesto esencial sin el cual la justicia y el pleno disfrute de las libertades se convierten en una mera utopía. Pero además, el combate a la corrupción requiere que se garanticen los derechos de participación política, de acceso a la información y a libertad de expresión, de manera que su ejercicio robusto permita que salgan a la luz los actos de corrupción y los responsables sean llamados a cuentas en procedimientos eficaces en los que puedan ser sancionados.
Finalmente, también el combate a la delincuencia y a la violencia requiere del respeto a los derechos. Solo mediante procedimientos penales en los que se observen en cada etapa los derechos tanto de los inculpados como de las víctimas, será posible lograr un sistema de procuración e impartición de justicia que cumpla a cabalidad con las finalidades del sistema penal, desde la prevención del delito hasta la reinserción social.
En suma, es desde la perspectiva de los derechos que debemos considerar y abordar nuestros problemas más apremiantes. Solo mediante un compromiso real con los derechos humanos, en todos los ámbitos de la sociedad, podemos verdaderamente transformar nuestro país. Cuando tengamos una ciudadanía cuyos derechos son respetados por todas las autoridades; cuando los más débiles sean defendidos frente al poder y se obligue a la autoridad a ceñirse a la Constitución, será posible revertir el ciclo pernicioso que nos impide avanzar.
Todo esto, a su vez, nos dará la fortaleza institucional y la autoridad moral desde la cual será posible ganar legitimidad y respeto en el contexto internacional. El respeto y desarrollo de los derechos nos hace fuertes tanto al interior como al exterior.
Así, en este complicado entorno, la unidad no debe ser un concepto retórico, ni su contenido puede buscarse en agendas partidistas o intereses políticos; estoy convencido de que la unidad nacional debe tener un eje, una columna vertebral y esto son los derechos.
