Las redes sociales —particularmente Facebook— han revolucionado la manera como nos relacionamos con otras personas y con el mundo. A través de esa red, personas con intereses comunes forman comunidades virtuales, hacen llegar sus opiniones a las masas, interactúan con los gobernantes, y acceden a la información a menores costos, todo lo cual ha tenido un efecto en cierto sentido democratizador.
Sin embargo, ya en esta columna me he referido al impacto que ha tenido el modo de operar de Facebook en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la vida privada, lo que necesariamente trae aparejados retos importantes para la democracia moderna.
El propio Mark Zuckerberg, ante el senado de Estados Unidos, reconoció algunos de los riesgos que Facebook representa para nuestro modo de vida democrático: difusión de noticias falsas; orquestación de campañas de desinformación por parte de gobiernos, partidos políticos o intereses privados; proliferación del lenguaje de odio, o perpetuación de la publicidad discriminatoria, son solo algunos de ellos. Adicionalmente, algunos senadores republicanos denunciaron el posible sesgo ideológico de los moderadores de contenido de la compañía, en lo que vendría a representar una privatización de la censura.
En un modelo de negocio en el que los usuarios más que clientes, son el producto a vender, los algoritmos hacen posible que ciertos mensajes lleguen únicamente a grupos seleccionados de personas, lo que dificulta que se produzcan en esa plataforma los debates significativos que normalmente deberían llevarse a cabo en la arena pública.
Así, aunque en un sentido Facebook nos ha acercado unos a otros, facilitándonos permanecer en contacto con familiares y amigos y conocer nuevas personas, en otro sentido, ha dificultado el intercambio de ideas y, al proporcionarnos principalmente contenidos que refuerzan nuestras creencias, tiende a aislarnos de quienes no piensan como nosotros, lo que lleva a la polarización.
Lo que sucedió durante las elecciones estadunidenses o durante el Brexit —en ambos casos con la participación de Cambridge Analytica, cuya influencia no se ha medido bien a bien— nos confronta a una cierta debilidad de los mecanismos democráticos que dábamos por sentados.
Hoy en día, es necesario reconocer que lo que pasa en una plataforma como Facebook, carente hasta ahora de regulación, puede tener repercusiones reales en los resultados de elecciones. El análisis de los datos que voluntaria o involuntariamente cedemos tiene el potencial de favorecer o inhibir la participación electoral en función de la ubicación, la edad, la raza o el nivel educativo de las personas, lo que en última instancia puede llevar a la manipulación de los resultados electorales.
A fin de cuentas, el problema no es el uso indebido o poco ético que hasta ahora se ha hecho de la plataforma. Lo realmente grave es el acceso ilimitado que tiene Facebook a los datos personales de cientos de millones de personas, los cuales son utilizados para maximizar el tiempo que todas ellas pasan en línea, no con la finalidad de formar una opinión pública informada, sino con fines puramente monetarios.
En este sentido, hay quienes opinan que mantener el actual sistema de redes sociales no reguladas es incompatible con la democracia, que Facebook y la democracia sencillamente se excluyen entre sí.
Lo cierto es que defender el modo de vida democrático pasa por entender lo que representa Facebook en la vida cotidiana de las personas: las necesidades que cubre y los riesgos que representa. Tenemos que empezar a pensar en las redes sociales en función del interés público al que sirven y la rendición de cuentas y la transparencia que ello trae aparejado.
Con el gran poder de Facebook viene una gran responsabilidad. La pregunta es si debemos dejar en sus manos la buena voluntad de actuar en consecuencia o si debemos establecer los mecanismos que nos permitan salvaguardar los valores que nos son más preciados.
