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Martes , 26.03.2019 / 15:52 Hoy

Los derechos hoy

Desplazamientos forzados: otra cara de la violencia

Arturo Zaldívar

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La crisis de violencia e inseguridad que vivimos a causa del crimen organizado se manifiesta en numerosas facetas, que afectan a porciones cada vez más amplias de nuestra sociedad. Desapariciones forzadas, ejecuciones, extorsiones, secuestros, asesinatos de periodistas son a la vez síntomas y causas de una descomposición que está acabando con el tejido social en muchas partes del país.

Quizá uno de los fenómenos de los que menos se habla en este contexto es el de los desplazamientos forzados internos, por los que familias o comunidades enteras se han visto obligadas a huir de sus hogares para evitar situaciones de violencia vinculadas a la delincuencia organizada.

Aunque no existen cifras oficiales, se han documentado cientos de episodios de desplazamientos masivos para escapar de los enfrentamientos entre grupos delictivos que se disputan los territorios de cultivo y trasiego de drogas, o bien para evitar el terror que siembran grupos armados en las comunidades a través de los reclutamientos y trabajos forzados, amenazas y hostigamientos. En otros casos, son los propios grupos delincuenciales los que desalojan violentamente a las familias, a veces dejando atrás viviendas quemadas, cultivos y ganado destruidos.

Tan solo en 2017, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos da cuenta de 11 mil 232 personas desplazadas a causa de la violencia generada por grupos armados organizados, con lo que el registro histórico acumulativo que lleva dicha asociación se eleva a casi 330 mil personas.

Por supuesto, la tragedia no se agota en el desplazamiento mismo. Las poblaciones desplazadas quedan en una situación de especial vulnerabilidad en que las violaciones a sus derechos se multiplican. Así, enfrentan serias dificultades para procurarse nuevos medios de subsistencia, por lo que tienen que optar muchas veces por empleos temporales, mal remunerados o dedicarse a actividades como el comercio ambulante, la pepena de basura o el trabajo doméstico, siendo las mujeres presa fácil para redes de prostitución forzada, y niñas y niños, de las de prostitución y pornografía infantil.

En algunos casos se han tenido que reubicar en asentamientos irregulares conformados por viviendas precarias, en donde viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a servicios básicos. La pérdida de sus documentos de identidad obstaculiza la obtención de empleos, impide que niñas y niños puedan acudir a la escuela y dificulta el acceso a los servicios de salud.

A todo ello se suman otras consecuencias como dispersión del núcleo familiar, desarraigo —particularmente grave en el caso de poblaciones indígenas por la especial relación que tienen con sus tierras—, heridas psicológicas y emocionales y desarticulación social, todo lo cual a su vez los expone nuevamente al reclutamiento por parte de los grupos criminales o a la trata de personas.

Frente a un panorama tan desolador, las obligaciones y responsabilidades del Estado Mexicano a la luz de la Constitución y los tratados internacionales son claras. Ante todo, proporcionar protección y asistencia humanitaria, prestando especial atención a las mujeres, niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad acentuada. Asegurar el acceso a alimentos, agua, alojamiento, vestido adecuado y servicios médicos. Expedir todos los documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos, sin imponer condiciones irracionales para su obtención. Brindar protección a la propiedad y a las posesiones que hayan abandonado los desplazados, para evitar su destrucción o su apropiación por otras personas y procurar, en la medida de lo posible, que sean restituidas a sus dueños.

Sobre todo, establecer las condiciones y proporcionar los medios para el regreso voluntario de las personas desplazadas a sus hogares o su reasentamiento voluntario en alguna otra parte del país, asegurando en ambos casos su adecuada reintegración. Todo esto con la debida planificación y una gestión que garantice que el retorno o reasentamiento se hagan en condiciones de seguridad y dignidad.

Para esto se requiere la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales urgentes. Pero quizá, lo más importante es reconocer y aceptar que este tipo de dramas existen en nuestro país y que nada es más importante que recomponer la destrucción y la desolación que la violencia va dejando a su paso.

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