Este año se conmemoran 25 años de la entrada en vigor de la reforma constitucional que transformó a la Suprema Corte en el tribunal constitucional del Estado mexicano. Como parte de su rediseño, se le otorgaron nuevas competencias y se reforzaron las existentes en materia de control constitucional; se apuntalaron las garantías institucionales necesarias para su autonomía e independencia; y se modificó la forma de gobierno judicial, con la creación del Consejo de la Judicatura Federal, todo ello con el fin de consolidarla como órgano máximo encargado de la defensa de la Constitución y de la protección de los derechos humanos.
En este cuarto de siglo, la Corte ha estado a la altura de ese rol. A través de sus sentencias, ha hecho valer los límites constitucionales al ejercicio del poder, ha dado efectividad a los valores democráticos de deliberación y pluralismo, así como a los principios del federalismo y de la división de poderes. Todo ello ha permitido procesar jurídicamente conflictos que anteriormente se resolvían a través del ejercicio del poder político, muchas veces en forma autoritaria.
En este sentido, la reforma permitió transitar de un constitucionalismo nominal a un constitucionalismo pleno, en el que la Norma Fundamental dejó de ser un programa político o fuente de una narrativa oficial, para convertirse en norma jurídica vinculante para todos; presupuesto de validez para todas las normas y actos en nuestro orden jurídico.
Así, uno de los grandes logros de la Suprema Corte como tribunal constitucional —y al cual dedicó sus esfuerzos en los primeros tres lustros posteriores a la reforma— fue el de convertirse en árbitro de los conflictos de poder político, dándoles salida constitucional; haciendo posible la gobernabilidad y los equilibrios en favor de la democracia.
Una segunda etapa en la consolidación de la Corte como tribunal constitucional se inauguró a partir de 2010 —y con particular fuerza a raíz de la reforma constitucional de 2011— dando lugar a una inédita fase en el desarrollo y protección de los derechos humanos. La Corte se dio a la tarea de dar contenido preciso a los amplios postulados constitucionales con el fin de darles plena eficacia, lo que ha dado lugar a una jurisprudencia de gran riqueza, que está no solo a la altura de la de otros tribunales constitucionales más reconocidos, sino muchas veces a la vanguardia. Esta labor ha sido esencial para avanzar a una democracia en sentido sustantivo, fundada en la idea de dignidad de la persona, y ha contribuido al establecimiento paulatino de un lenguaje de los derechos que ha permeado a todo nuestro orden jurídico.
Por último, se ha iniciado una tercera etapa que, sobre los cimientos de la reforma constitucional de 1994-1995, busca transformar a la institución desde dentro. Hemos emprendido una serie de medidas tendientes a dotar de una mayor legitimidad al Poder Judicial de la Federación, para ganarnos la confianza social que mucho tiempo nos ha eludido. Estamos sentando las bases para la impartición de una justicia más sensible y cercana a las personas. Una justicia con perspectiva, que destierre la discriminación y que dé voz a quienes nunca la han tenido.
Para ello, es fundamental que la Corte pueda centrar sus esfuerzos en la resolución de aquellos asuntos de relevancia constitucional, así como relativos a derechos humanos, más importantes para la sociedad mexicana. Hoy en día, seguimos conociendo de un gran número de asuntos de mera legalidad, que absorben mucho de nuestro tiempo y que debilitan nuestra función como tribunal constitucional. Para revertir este vicio, hemos adoptado políticas dirigidas a que la Corte conozca exclusivamente de asuntos sobre constitucionalidad que impacten en el orden jurídico, como hacen los tribunales constitucionales más prestigiados del mundo.
En el balance, estos 25 años han sido fundamentales para el fortalecimiento democrático de nuestro país. Tenemos un tribunal constitucional autónomo e independiente, comprometido con los derechos fundamentales y con los valores que la Constitución establece como modelo para la vida en comunidad. Somos un Poder Judicial en transformación, que pone en el centro de sus prioridades a la persona, y que a través de sus fallos protege la igualdad y la dignidad humana, para hacer de los derechos una realidad.
