Son muchas las misiones que tiene encomendadas un Estado, pero ninguna más básica, ni más noble, que la de garantizar la seguridad de los ciudadanos para salvaguardar su bienestar. Esta condición es un pendiente de la presente administración que no ha podido ser apuntalada.
La región de América Latina está viviendo un momento crucial respecto al dilema seguridad o libertad. En los últimos años se ha preferido tener a un inocente preso que un culpable libre, pero para los que privilegian al estado de derecho es justo al revés, ningún inocente debería estar preso.
Es cierto, es terrible convivir con el miedo y ver cómo se ha acotado nuestra libertad para vivir en paz. Eso es lo que está sucediendo en El Salvador, el presidente Nayibe Bukele ha logrado una reducción sin precedentes de la violencia en un país asolado por las pandillas de “Los Maras” que aterrorizaban a la población.
“Los Maras” son una mafia que surgió entre migrantes centroamericanos en Estados Unidos como una forma de protección ante las ya instaladas pandillas de ese país. Regresaron a El Salvador con sus métodos de reclutamiento, su violencia extrema y su poder de intimidación social, las cuales han calado hondo en la sociedad y que ha alimentado la migración masiva de los últimos años.
Una gran mayoría de quienes han salido de ese país no solo lo han hecho para escapar de la pobreza sino también de la violencia y el caso se repite con Nicaragua, Guatemala y otros países. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha creado un modelo punitivo agresivo para enfrentar la inseguridad de su país y que ha tenido su recompensa. El precio ha sido obtener justicia realizando violaciones flagrantes a los derechos humanos de los presuntos responsables; hay miles de personas detenidas sin juicio y las cárceles, además de estar sobrepobladas, se encuentran en condiciones deplorables. A esta situación se le conoce como populismo punitivo.
La delincuencia se ha reducido significativamente, en particular los homicidios se han desarticulado, muchas de “Las Maras” y gran parte de sus integrantes han huido del país. Políticamente también ha generado un efecto positivo para el Bukele, quien hoy goza de una popularidad que roza 90%, y se prepara para buscar la reelección a pesar de estar prohibido en su Constitución.
Este proceder de Bukele es consecuencia de la irracionalidad del sistema penal, los impulsos autoritarios de la sociedad y la necesidad de un derecho penal genuinamente humano y racional. Todo este escenario crea un campo fértil para el oportunismo político. Se ha normalizado tanto esta práctica que ya es común encontrar este tipo de videos en las redes sociales y los medios de comunicación.
La sociedad busca aplicar la “ley del Talión” al esperar castigos ejemplares como resultado de la furia social provocada por la inseguridad. Se han dejado a un lado los castigos ejemplares, para darle paso al incremento de las penas y evitar las medidas alternativas a la prisión. El dilema que hemos adoptado aquí en nuestro entorno, entre seguridad o libertad, es falso porque el problema, tanto en El Salvador como en México se enfoca en la impunidad de los criminales y de los gobernantes. El autoritarismo y el miedo no son la respuesta, la opción es la justicia y acabar con la impunidad. Ahí es donde debemos de enfocar nuestro trabajo y esfuerzo.
