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Lunes , 22.04.2019 / 09:45 Hoy

Causa Legal

La segunda enmienda y sus efectos transnacionales

Arturo Argente

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En diciembre de 1791, el gobierno de Estados Unidos aprobó la segunda enmienda que incluía un texto legal que, a la fecha, reza así:

"Siendo necesaria una Milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido".

Los impulsores más influyentes de este derecho a portar armas fueron dos de los llamados Padres Fundadores, Alexander Hamilton y James Madison.

Ambos personajes temían dos cosas, que los ingleses volvieran e intentaran reconquistar sus ex-colonias, o que el mismo gobierno federal estadounidense intentase violar los derechos de los ciudadanos.

Esta enmienda ha creado la oposición de dos grupos de ciudadanos en los Estados Unidos (EU); uno que piden que las leyes federales controlen la venta de armas ;y otro que apoyan su posesión, ya que al estar ratificado en la Constitución, se crea un derecho individual para todos los ciudadanos estadounidenses que lo hace innegociable.

Además es complejo modificar los términos de la segunda enmienda, ya que se requiere los votos de dos tercios del Congreso, dos tercios del Senado, y la aprobación por dos tercios de las asambleas locales de cada uno de los 50 estados.

El tema de la libre portación de armas ha sido parte de los más calurosos debates en la Unión Americana, especialmente, después de los diversos tiroteos que han costado la vida a centenares de estudiantes en las escuelas de esa nación.

La Asociación Nacional del Rifle estadounidense es el principal promotor de la libre posesión de armas y contribuyente de grandes cantidades de dinero de campañas electorales.

La organización, ya con 145 años de vida, dice contar con más de cinco millones de miembros en activo.

Por ejemplo, esta asociación apostó mucho por las elecciones presidenciales de 2016, con "gastos independientes" valorados en 45.2 millones de euros.

Los efectos de esta segunda enmienda han cruzado fronteras.

La introducción ilegal de armas de fuego es un delito federal que desafortunadamente no se castiga en nuestro país, pues según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, sólo ocho personas fueron sujetas a proceso penal por ese ilícito.

Además, la PGR reportó que en el mismo periodo, el Ministerio Público de la Federación obtuvo sólo tres sentencias condenatorias por introducir ilegalmente armas de fuego.

Lo anterior pese a que según un estudio de la Universidad de San Diego, cada año ingresan a territorio nacional unas 253 mil armas de manera ilegal, provenientes de los EU.

Es necesario comprender que nuestro vecino del norte no va a modificar su segunda enmienda, por lo que es necesario acabar con la impunidad que rodea este hecho al realizar un verdadero análisis de este ilícito y que se haga acompañar de acciones específicas al fortalecer la figura aduanal en la frontera norte del país con tecnología que coadyuve a la detección ilegal de armas de fuego provenientes de los EU.

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