El día 28 de junio del 2021 podría ser considerado como histórico para las libertades de los mexicanos: la Suprema Corte consolida el derecho para el uso lúdico y recreativo de la mariguana. Esta decisión se desprende de un largo camino que inició en noviembre de 2015, en la que la Suprema Corte autorizó el uso y cultivo de marihuana con fines de autoconsumo y recreativo a cuatro personas que lo solicitaron. En 2016, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa ante el Congreso para aumentar el porte legal mínimo de marihuana, pasando del límite de 5 a 28 gramos. En 2017, México aprobó el uso el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos.
La Suprema Corte de Justicia de México finalmente aprobó el lunes una declaración general de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el consumo de cannabis con fines recreativos. Esto no significa que la mariguana quede legalizada, pero sí supondrá que cualquier mexicano que pida un permiso podrá consumirla de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones.
La resolución de la Corte deja en manos de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que establezca los detalles de los permisos para el autoconsumo pero, sobre todo, supone una clara llamada de atención al Congreso mexicano que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para legislar sobre el tema, aunque el alto tribunal así se lo exigió en varias ocasiones desde 2019.
Con ocho votos a favor y con un cambio de sentido en su voto del ministro Luis María Aguilar Morales, la Corte dejó ya sin efecto cinco artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, los cuales sancionan con pena de prisión la posesión de más de cinco gramos de mariguana.
Esta decisión determinó que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estará encargada de conceder permisos individuales, a mayores de 18 años, para el consumo recreativo de la mariguana y también deberá establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla para sembrar, cultivar, cosechar, preparar y transportar cannabis para uso personal. Por otro lado, los adultos no deberán consumir delante de menores en espacios públicos y que no realicen actividades peligrosas bajo los efectos de dicha droga.
El debate sobre la despenalización de las drogas compite en el fondo con dos visiones de Estado: por un lado, quienes solicitan un estado paternalista porque temen que la población joven, en cuanto puedan acceder a la droga, se harán adictos.
Por otro lado, quienes piden se lleve a cabo sobre las bases de un estado que respete el derecho moral que tiene cada persona de decidir sobre el consumo de sustancias. Determinar si el estado está legitimado o no para intervenir en el ámbito privado del individuo depende en buena medida del modelo político-jurídico de un país.
La mayor parte de los estados autócratas han condenado el consumo de drogas, bajo la base de que todo individuo tiene la obligación de mantenerse sano en beneficio de la comunidad. En contraparte, en sociedades liberales, se sostiene el derecho de la persona a utilizar libremente su cuerpo. Con esta decisión se ponen en conflicto dos valores fundamentales: por un lado, la libertad individual de consumir y por el otro es la protección de la salud.
Arturo Argente Villarreal
Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.
Tec de Monterrey, Campus Toluca.
@arturoargente
